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Aragón y su historia

El origen de la Diputación General de Aragón

Casas de la Diputación del Reino junto al Puente de Piedra, entre la Puerta del Ángel y el palacio arzobispal. Casas de la Diputación del Reino junto al Puente de Piedra, entre la Puerta del Ángel y el palacio arzobispal.

Por Miguel Martínez Tomey. Director de la Fundación Gaspar Torrente

Desde 1356 la Corona de Aragón y, muy especialmente, los Reinos de Aragón y Valencia soportaban las cargas y penalidades de una cruenta guerra contra la Corona de Castilla. Era la llamada Guerra de los Dos Pedros (1356-1369), en referencia a la rivalidad entre los soberanos de estas coronas, ambos llamados Pedro (IV el de Aragón, I el de Castilla). En una Corona de Aragón que seguía muy afectada por las secuelas de la peste negra, desatada en 1348 con periódicos rebrotes desde entonces, la creciente rivalidad que mantenía en el Mediterráneo con las demás potencias marítimas de la época, el azote de la guerra y la dificultad para financiarla se habían convertido en una pesadilla para el monarca aragonés.

Pedro IV de Aragón

Pedro IV se encontraba falto de recursos para mantener a sus tropas en campaña, ya que las prestaciones militares obligatorias estaban muy limitadas en el Reino de Aragón por imperativo foral. De esta forma, fue muy difícil evitar las repetidas invasiones que sufrieron los reinos de Aragón y Valencia en diferentes ocasiones, llegando incluso a quedar amenazadas sus respectivas capitales. En todo el tiempo que duraba la guerra el único éxito reseñable de los aragoneses (aunque sin consecuencias duraderas) había sido su victoria en la batalla de Araviana (septiembre de 1359). Hasta ese momento, el coste de la guerra había ascendido a casi 700.000 libras jaquesas, y ni los recursos propios del rey ni las vías de financiación habituales resultaban suficientes para continuar con el esfuerzo bélico. En este difícil contexto, el rey decidió convocar cortes comunes de aragoneses, catalanes y valencianos en la ciudad de Monzón en octubre de 1362, con la idea de negociar y acordar con el parlamento la puesta en marcha de un mecanismo recaudatorio estable al servicio de los intereses de sus Estados (que fueron en un principio, y por la situación de guerra que se vivía, esencialmente militares).

En el desarrollo de estas Cortes el rey se empleó a fondo para convencer a los diferentes "brazos" (grupos representativos de los estamentos del país) de la necesidad de crear un sistema estable y permanente de financiación de la cosa pública que, además, fuese sostenido por la totalidad de los individuos de cada uno de los tres países. En ellas el rey mostró una enérgica determinación en romper la oposición que mostraban la nobleza y el clero a aceptar pagar este impuesto, y su desesperada vehemencia se tradujo en la apasionada alocución que hizo el rey en 1363 a estas Cortes de Monzón, quizás uno de los episodios más emotivos y brillantes de la oratoria parlamentaria jamás vividos, por lo que merece la pena que lo reproduzcamos:

"Dios Nuestro Señor ha querido que seamos vuestro rey y príncipe, y aunque no seamos digno, lo hizo por su gracia y su virtud… Y a pesar de que Dios no nos haya hecho grande de cuerpo, tenemos tanta voluntad y corazón como cualquier caballero de este mundo para vivir o morir y defender nuestra corona y nuestro reino, el cual nuestros predecesores con ayuda de los vuestros, y nosotros, con la vuestra, siguiendo sus pasos, hemos conquistado y ganado. Ahora nos exponemos a un gran desastre y desventura, pues esto que hemos tardado en conquistar quinientos años, lo vamos a perder en quince días. E intencionadamente decimos quince días y no más, porque según los avisos que tenemos, que ya antes de comer os notificamos, el rey de Castilla se acerca con muchas fuerzas y entendemos que vendrá a Zaragoza. ¡Y que todos estemos aquí y en Zaragoza haya tan poca defensa y tan poco recaudo como sabéis! Si se pierde, no podemos comprometernos en detenerlo hasta el mar…”


“Y esto no ocurre por nuestra culpa, ni por la vuestra, sino por no tener corazón y voluntad de servir bien, porque en todo tiempo vuestros predecesores han servido bien a los nuestros, e igual debierais hacerlo vosotros con nosotros. Pero todo esto sucede por esta desgracia de cuestiones y debates que tenéis entre vosotros, que cada cual quiere el bien propio y guardar sus privilegios y libertades; porque los eclesiásticos dicen, y los caballeros dicen, que no deben pagar tanto como nuestros hombres, y nuestros hombres dicen que sí; y sobre esta cuestión hemos estado desde el otoño hasta la primavera…”


“Y si nuestras gentes y aquellos que os han enviado se enteraran de que esto sucede por vuestra culpa, que sois los tratadores, estamos seguros que gritarían todos, desde Tarazona hasta Salses y desde Salses hasta Guardamar: ‘¡Mueran todos, en mala hora, estos tratadores! ¡Mueran ya que así nos quieren hacer morir a todos!’”
“Pero, si tenemos que morir, tened por cierto que no moriremos aquí: antes queremos que todos vosotros, prelados y clérigos, caballeros y hombres de las ciudades y villas, nos sigáis hasta Zaragoza, a caballo o a pie o a cuatro patas, y que allí, celebrando Cortes o en cualquier otra ocupación, estemos para vivir o para morir. Y esto os lo mandamos y pedimos con nuestra mayor sinceridad y con el gran dolor que sentimos de nuestra perdición y de la vuestra.”

Libro de cuentas de la Tabla del General de Teruel

    El discurso del rey surtió su efecto en el ejercicio de debate y negociación que era habitual en un sistema político eminentemente parlamentario como el aragonés. Así pues, se llegó a un acuerdo consistente en aprobar una tasa general que incrementase los recursos que los Estados de la Corona podían poner a disposición del rey para continuar la guerra. Más que un impuesto, era un sistema de impuestos, cuyo alcance general (todos estaban obligados a satisfacerlo, incluyendo la propia familia real) determinó que todas estas figuras fiscales, que gravaban conceptos industriales (fabricación de tejidos), comerciales (exportación de determinadas mercancías) y asociativos (cofradías, gremios y otras agrupaciones de cristianos, musulmanes y judíos) se denominasen “generalidades”.

    La condición impuesta por las Cortes para la recaudación de estas generalidades fue la de que sus ingresos fuesen percibidos y administrados por una diputación (o representación permanente) de las Cortes para asegurar su empleo en la defensa de los intereses del Reino. Los componentes de esa “Diputación del General” serían ocho parlamentarios de las Cortes (que en esa época se denominaban “procuradores”), elegidos dos por cada uno de los cuatro brazos que las componían), que gozarían de una amplia autonomía para decidir acerca del destino de los fondos recaudados. A estos procuradores designados para formar el consistorio de la Diputación del General se les llamó, por lo tanto, “diputados”.



    Esta fórmula para controlar desde el parlamento la recaudación, administración y gasto del dinero recaudado con las generalidades ya se había ensayado en Cataluña en 1359, cuando las Cortes catalanas nombraron una diputación de doce miembros (asistidos por unos “oyentes de cuentas”) con competencias ejecutivas en materia fiscal para la administración de los fondos que el parlamento acordaba entregar al rey para sus necesidades. La experiencia fue así revalidada y adoptada en esta ocasión por los tres Estados de la Corona de Aragón, con la intención de llevar a cabo dicha tarea mientras durase la situación de necesidad que imponía la guerra y ser posteriormente liquidada la deuda que se había creado.

    Aunque el compromiso inicial preveía que las generalidades sólo se aplicarían mientras durase la situación crítica que les dio origen, la Diputación del General hubo de perpetuarse año tras año, dado que la deuda pública acumulada llego a ser tan grande que no podía ser amortizada con los ingresos ordinarios y más o menos irregulares que habían estado vigentes hasta aquel momento. De esta forma, las Cortes hubieron de revisar sus planteamientos iniciales y asumir la consolidación de una nueva institución que, por otra parte, representaba una oportunidad para mejorar la eficacia de los mecanismos administrativos encargados de ejecutar las decisiones adoptadas por el parlamento. Así, las Cortes de 1371-1372 celebradas en Caspe, Alcañiz y Zaragoza ya terminada la guerra, adoptaron la decisión de hacer de este órgano un representante permanente de las Cortes, entre convocatoria y convocatoria, para continuar con las funciones fiscales que le dieron origen, aplicando el gasto a fines autorizados por el parlamento no necesariamente vinculados a la guerra, sino al bienestar del Reino en tiempos de paz, asegurando la aplicación de los fueros y demás actos de las Cortes y la preservación de las libertades del Reino y, en esa función, representar de forma continuada los intereses del éste ante el monarca.

    Es interesante resaltar el hecho de que se configuraba un verdadero poder ejecutivo que no dependía del rey y que, a diferencia de lo que sucedería en Castilla, Francia y, en cierta medida, en Inglaterra, mantenían el principal instrumento recaudador del país fuera del control del monarca. Además, su carácter permanente contribuyó a dinamizar la actividad que se desarrollaba en la corte del Justicia de Aragón, dado que, en su función de vigilancia y salvaguardia del ordenamiento civil del Reino, planteó regularmente todos los contenciosos que su actividad requirió para solventar las fricciones naturales en el juego institucional y el equilibrio de poderes que se había establecido en el país desde que la Unión aragonesa de 1283 determinó el otorgamiento del Privilegio General de Aragón, verdadera Magna Carta del país. Esa actividad del Justiciazgo en la interpretación de los Fueros y los Actos de Corte (resoluciones o actuaciones que complementan las normas forales adoptadas por el parlamento) se plasmó en las Observancias (jurisprudencia vinculante), que se unieron a los Fueros y Actos de Corte como parte del Derecho positivo aragonés.

    El funcionamiento de las Diputaciones del General no fue idéntico en los tres Estados de la Corona de Aragón. De hecho, en Aragón y Valencia hubo una resistencia clara a adoptar un sistema impositivo que se basaba de propuestas que respondían a los planteamientos de Cataluña, ya que se gravaba pesadamente la importación de paños y establecía sisas sobre productos de primera necesidad. Ello favorecía los intereses de la burguesía mercantil catalana, pero no los de los comerciantes y consumidores aragoneses y valencianos, lo que ocasionó un debate que retrasó la aplicación del impuesto en Aragón hasta 1364, en que se llegó a un acuerdo para su arranque tras las correspondientes concesiones de cada parte. Así, en sucesivas etapas, las características del impuesto se fueron adaptando a la realidad y necesidades de cada uno de estos Estados de la Corona.

    Por lo común, los “dreitos de las Generalidades” suponían la aplicación de un tipo impositivo del 5 % sobre el valor de las mercancías y demás conceptos objeto de gravamen. En algunos casos podía ser mayor, como en el caso de las exportaciones de azafrán, producto muy cotizado en los mercados extranjeros. Dado que el comercio exterior era la actividad que más ingresos generaba en el conjunto de las generalidades, las aduanas aragonesas fueron puntos esenciales para su recaudación, obligando al despliegue de funcionarios y medios en los diferentes puntos de tránsito, entrada y salida de mercancías en el país. Se establecieron para ello demarcaciones fiscales (cullidas y sobrecullidas) a cargo de responsables (cullidores y sobrecullidores) asistidos de notarios que controlaban las “tablas del General”, en donde se consignaban las cuantías percibidas. La recaudación se llevaba a Zaragoza cada dos meses y se custodiaba en un arca que se encontraba en la sede de la Diputación del Reino. Dicha arca tenía cuatro llaves, cada una de ellas confiada a cuatro de los ocho diputados del Reino, uno de cada uno de los brazos de las Cortes. Por tal razón estos diputados se llamaban “clavarios”.

    La complejidad y coste de esta estructura obligó a la Diputación a arrendar con frecuencia la recaudación del impuesto a particulares (necesariamente, muy acaudalados) ya en fecha tan temprana como 1372. Esta práctica acabó siendo la norma habitual a lo largo del siglo XV. En el “reparo” (reforma) del sistema aprobado en 1446 se mejoró la gestión del impuesto, la elección de los funcionarios responsables del mismo y el procedimiento de arrendamiento, que debería hacerse por subasta pública y con toda clase de controles y garantías. El sistema de arrendamiento suponía que un particular pagaba a la Diputación una cantidad a tanto alzado por el impuesto y se encargaba de su recaudación por su propia cuenta y riesgo, siendo la diferencia entre lo pagado en arriendo y lo recaudado en las “tablas” o aduanas lo que determinaba su beneficio empresarial.

    Aunque nació como un órgano comisionado por las Cortes para un fin específico de carácter fiscal, la crisis sucesoria abierta tras el fallecimiento de Martín I el Humano, el posterior interregno y la entronización de una nueva dinastía (la de los Trastámara) determinó que a partir de 1412 la Diputación del Reino de Aragón viese plenamente consolidado su papel ejecutivo y garante de la legalidad, especialmente con los acuerdos adoptados en las Cortes de Alcañiz de 1436. Efectivamente, el reinado de Alfonso V y su prolongada ausencia del reino debido a su actividad bélica y política en Italia comportó el reforzamiento de la autonomía de esta institución como verdadero poder ejecutivo del país. En esas Cortes el rey delegó la representación del reino en la Diputación y le reconoció la capacidad de intervenir en las cuestiones políticas de mayor importancia. También se le liberó de su dependencia de las Cortes, ya que el nombramiento de sus miembros (que seguían siéndolo del parlamento) no se hacía mediante acuerdo en el seno de cada uno de los cuatro brazos, con las presiones políticas y de intereses que ello conllevaba, sino por sorteo, a través de un complicado sistema de insaculación (esto es, introduciendo los nombres de quienes legalmente podían optar a estos puestos en un saco, del cual eran extraídos por una mano inocente).

    En palabras del medievalista aragonés Ángel Sesma, se convierte en

…representante estable de los cuatro brazos del reino y además de administradora de la hacienda aragonesa se erigirá en guardiana de la paz interna, árbitro entre nobles y concejos, defensora de los fueros y privilegios del reino y controladora de la institución del justiciazgo.   

    Su independencia del rey y las Cortes es total en asuntos de gran importancia, como la defensa y conservación de los Fueros y Libertades del Reino, custodiando en el palaciio donde tiene su sede -símbolo de su poder- la documentación que recoge el Derecho común y la memoria colectiva de los aragoneses. Pero también en asumir tareas tales como el pago a los funcionarios y principales oficios del reino, el correo, la salvaguardia de la paz interior y exterior del reino o el pago de las tropas necesarias para la defensa del país. Los diputados podían convocar por separado a cualquiera de los  brazos del reino para consultas, eran el interlocutor permanente con el rey en representación del Reino y controlaban la elección de los 17 jueces judicantes que podían juzgar al Justicia y a sus lugartenientes. No obstante, los diputados también podían ser acusados ante dichos lugartenientes por los delitos que pudiesen cometer.

    Por último, entre los acuerdos de 1436 se encuentra la construcción de un edificio en Zaragoza que sirviese de sede a la Diputación y a las principales instituciones del Reino (llamadas “Casas de la Diputación” o “Casas del Reino”).  Ya en las Cortes de Teruel de 1427 se había acordado la construcción de una casa para albergar los armarios donde se guardaban los procesos de Cortes, los de la Diputación, los de la gobernación del reino y los del Justiciazgo, pero sólo se materializó con las obras que entre 1437 y 1450 levantaron un palacio rectangular de dos plantas situado en la plaza de la Seo, junto al palacio arzobispal, cuya fachada occidental miraba a la Lonja, y la norte hacia el Puente de Piedra.

    De este palacio, de quiénes trabajaban en él y de lo que significó para Aragón y su gobierno hablaremos en otro artículo. De momento, lo dejaremos aquí.

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