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Aragón y su historia

El Privilegio General de Aragón

Reconstrucción científica del aspecto de Pedro III El Grande realizada a partir de su cráneo. Reconstrucción científica del aspecto de Pedro III El Grande realizada a partir de su cráneo.

Por Miguel Martínez Tomey, director de la Fundación Gaspar Torrente

“¿¡Qué demonios estamos haciendo aquí!?” Algo así debió de decir, encolerizado, un jefe militar, probablemente un miembro de la alta nobleza del Reino de Aragón al contemplar, un día del mes de junio del año 1283, en algún punto de la ribera del Ebro junto a la frontera con Navarra, el goteo de tropas que iba llegando a la zona. Su llegada obedecía a la movilización militar decretada por el rey Pedro III de Aragón, el que acabaría siendo conocido como “el Grande”. Un rey grande, sin duda, en su físico (medía 1’73 m., muy alto para su época) pero sobre todo en audacia: tan solo un año atrás, bajo una bandera de San Jorge cantonada por cuatro cabezas de moros -que recordaba el favor que Dios había dado a los aragoneses para vencer a sus enemigos ante los muros de Huesca en 1096- , su flota y su ejército habían salido de cruzada desde Tortosa. En esa ciudad, verdadera base mercantil, naval y militar de la Corona de Aragón, en donde confluían (Ebro arriba, Ebro abajo) las energías, las gentes y los recursos de sus tres Estados, el rey de Aragón se había preparado para salir de cruzada contra las costas de Túnez, desde donde se atacaba a las naves catalanas y valencianas que comerciaban por el Mediterráneo.


Pedro III desembarca en Sicilia.

Hay quienes dijeron entonces y dicen ahora que, mientras luchaba en el norte de África, Pedro miraba de reojo hacia la isla de Sicilia, a muy pocas millas de donde se encontraba con su ejército y su flota. Por aquel entonces, los sicilianos se habían rebelado contra sus dominadores franceses y habían conseguido expulsarlos de la isla. Pero el rey Carlos de Anjou, cuya legitimidad era visceralmente negada por la mujer del rey de Aragón (Constanza de Hohenstaufen, hija del anterior rey de Sicilia, Manfredo I), estaba dispuesto a recuperar su reino por la fuerza y reorganizaba para ello a su derrotado ejército en Mesina, uno de los pocos rincones de la isla que todavía controlaba. Las presiones de Constanza, las de todos los exiliados sicilianos que se habían refugiado en la Corona de Aragón (sobre todo las familias Lanza, Lauria y Prócida), quizás la tentación de un golpe de mano fácil frente a tan goloso botín… todo apuntaba hacia Sicilia. Fuera o no la decisión de desembarcar en la isla el resultado de un plan oculto del rey aragonés, el hecho es que el 30 de agosto de 1282 lo hacía en Palermo, en el extremo más alejado al punto donde se encontraba Carlos de Anjou, siendo inmediatamente coronado rey de Sicilia entre el entusiasmo popular.

En noviembre de 1282, tras lanzar a sus terribles almugávares y a sus experimentados peones contra los franceses por tierra, y derrotar igualmente por mar a la superior flota de su enemigo en diferentes ocasiones, no quedaba ni un solo angevino en la isla. Consumada la derrota de su favorito, la ira del Papa (quien ya le había negado a Pedro el reconocimiento del carácter de cruzada a su aventura norteafricana antes de su partida de Tortosa) se transformó en excomunión. Un año después llegaría incluso a declararlo depuesto de su trono para entregárselo al segundo hijo del rey de Francia, Carlos de Valois. Pero antes de poder sentarse en él éste debería abrirse camino por la fuerza hasta los dominios de Pedro. La sombra de una guerra total con Francia se cernía sobre la Corona de Aragón.

Las "vísperas sicilianas"

    En ese verano de 1283, en las fronteras de Navarra, no sólo la seguridad del reino pesaba en el ánimo de los aragoneses. La actividad bélica de Pedro había dado lugar al establecimiento de tributos nuevos que gravaban duramente la limitada capacidad económica de un país que, sin embargo, apenas se beneficiaba de la ventajas comerciales que sí reportaba la expansión mediterránea a los mercaderes catalanes. Se trataba de un descontento que había ido en aumento desde que Jaime I, que se había visto favorecido por la financiación de la burguesía mercantil catalana con ocasión de la conquista de Mallorca, había privado a Aragón de acceso al mar al hacer de la Valencia conquistada un reino diferenciado de éste. Las dificultades que Jaime I había experimentado con los aragoneses, la fuerte voluntad de éstos de limitar las prerrogativas reales y la predisposición de Cataluña a plegarse a las necesidades políticas y financieras del monarca a cambio de su protección a los intereses mercantiles catalanes, determinaron un progresivo basculamiento de la corte desde Zaragoza hacia Barcelona.

    Y ahora la guerra… La nobleza aragonesa, como ya había tenido oportunidad de hacer en ocasiones anteriores, capitalizó y lideró un movimiento de descontento entre las fuerzas vivas del país que obedecía tanto a sus intereses de clase como a los generales del reino, a juzgar por el respaldo que obtuvo de ciudades y villas. La reunión de las tropas en la frontera navarra se transformó en un plante y en un llamada a congregarse todos los jefes y representantes de los estamentos del reino en la cercana ciudad de Tarazona. El liderazgo de los nobles concitó el apoyo de los jefes de las milicias urbanas y de los dignatarios eclesiásticos allí presentes, quienes se constituyeron en asamblea para presentar al rey una serie de agravios que apelaban justificadamente a una noción del interés general del país (y no solamente a la defensa de las prerrogativas e inmunidades de los más poderosos) de una fuerza inusitada. La asamblea de Tarazona exigió la celebración de un consejo para la guerra de Sicilia y la que se avecinaba con Francia, y condicionó la prestación del servicio armado de los aragoneses a la aceptación por parte del rey de sus peticiones y a la reparación de una serie de agravios (greuges) y quejas que presentaron por escrito en el mes de septiembre.



    El rey respondió diciendo que, si había de dar satisfacción a tales demandas, primero se atendiese a la defensa del reino mediante la requerida invasión de Navarra. Ante tal respuesta, los asamblearios se juramentaron frente al rey, constituyendo una unión (la primera y más genuina Unión Aragonesa) para hacer frente a las presiones del monarca en el caso de que su actitud desatase las represalias de éste. Ante esta demostración de firmeza, Pedro III se vió obligado a considerar prorrogada la asamblea de Tarazona en unas Cortes que habrían de celebrarse inmediatamente en Zaragoza. Pedro, que había sido excomulgado por el Papa el 9 de noviembre de 1282, pero que aún habría de ser desposeído por el pontífice de su corona el 21 de diciembre de 1283, se encontraba en una situación de extrema debilidad y ni siquiera el incondicional apoyo de Cataluña podía contrarrestar la magnitud de las amenazas que se cernían sobre su cabeza.

Los nobles y municipios aragoneses se sentían cargados de legitimidad para actuar así frente a su rey, y no solo por la retirada del apoyo del “máximo ministro de Dios en la Tierra” (tan apreciado por la dinastía real aragonesa desde su origen), sino por la conciencia política de que el rey había prescindido del consejo y concurso de sus súbditos en el gobierno del país y en la preservación de la seguridad del mismo, supeditándola a intereses puramente dinásticos o diplomáticos completamente ajenos a los aragoneses. De hecho, llevaron su determinación hasta el punto de negar la obediencia a Pedro y elegir como rey a su heredero, el infante Alfonso, si el monarca actuaba contra los juramentados sin sentencia del Justicia de Aragón. Más aún: también le negarían reconocimiento y obediencia a Alfonso si rehusase oponerse a la actuación de su padre.

Así, el 3 de octubre de 1283, en la iglesia del convento de los Dominicos Predicadores de Zaragoza (en el espacio que hoy ocupan el antiguo instituto de enseñanza media “Luis Buñuel” y la Casa Amparo, en la confluencia de la calle de Predicadores con la Plaza de Santo Domingo), se abrió la sesión de unas auténticas “Cortes revolucionarias” a las que concurrieron otros representantes de numerosas villas, especialmente altoaragonesas, y de la propia ciudad de Zaragoza, que intervino con entusiasmo a favor de la rebelión. Fue más notable la ausencia de las comunidades del sistema ibérico (Calatayud, Daroca y Montalbán), más vinculadas al monarca.



El resultado de estas Cortes fue el “otorgamiento” (aunque se trató de un reconocimiento de derechos obtenido por la coacción de la generalidad de las fuerzas vivas del país) de la Magna Carta aragonesa: el Privilegio General de Aragón. Este documento recogía en 31 capítulos, entre otros, los siguientes derechos y libertades:

-La confirmación mediante juramento de los fueros, usos y libertades por parte del rey y el sometimiento del monarca a éstos en todas sus actuaciones, que no podrían ser arbitrarias sino conformes a fuero.
-La limitación del poder de los oficiales reales y su sometimiento al ordenamiento foral.
-La no actuación por parte de las autoridades contra persona alguna sin requerimiento de parte (cuestión que influiría muy poderosamente desde entonces en los procedimientos de la Justicia y en el sistema de garantías judiciales aragonés).
-La actuación del Justicia de Aragón para juzgar todos los asuntos que vayan a las Cortes.
-La imposibilidad de que el rey nombrase jueces en los lugares que no pertenecían a la jurisdicción del rey (medida destinada a preservar las prerrogativas de los señores con potestades judiciales) y la obligación de que las apelaciones se sustanciasen dentro del Reino de Aragón.
-La obligación de que los jueces no fuesen extranjeros, sino de nacionalidad aragonesa.
-La gratuidad de la justicia, de forma que los jueces no pudieran cobrar salario de ninguna de las partes.
-El respeto de las personas demandadas cuando se hubieran comprometido a comparecer en juicio.
-La devolución a sus titulares de las propiedades injustamente arrebatadas por el rey Pedro y por su predecesor, Jaime I.
-La obligación de que el rey consulte con los grupos sociales del reino y, en especial con los nobles, infanzones y representantes de las villas y ciudades, para poder declarar la guerra y la paz.
-La prohibición de que el rey embargue las “honores” de los ricos-hombres (usufructo de las rentas de alguna propiedad de realengo) sin que medie causa justificada.
    -La no obligatoriedad de que los ricos-hombres sirvan al rey fuera de Aragón ni pasen al mar.
-La libre posesión, uso y explotación de las salinas por parte de sus propietarios (en contra de las expropiaciones forzosas y los intentos de convertirlas en un monopolio del rey habidos en los años precedentes).
-La libertad para el establecimiento de alhóndigas (casas públicas de compra y venta de granos), así como la prohibición de las casas de juego.
-La prohibición de nuevos peajes y monedajes (impuestos sobre bienes inmuebles).
-La abolición de la prohibición de matar corderos.
-La libertad de comercio.
-La libre circulación de personas por Aragón.
-La abolición de la “quinta”, un impuesto que se cobraba sobre las cabezas de ganado.
-La anulación de todas las ordenanzas sobre derechos de aduanas dictadas por el rey, las cuales en lo sucesivo sólo podrán ser aprobadas por las Cortes.
-La obligación del monarca de convocar Cortes del Reino de Aragón una vez al año en la ciudad de Zaragoza.

Tras el otorgamiento del Privilegio General de Aragón, Pedro III se vio obligado a convocar en el mes de diciembre Cortes de Cataluña para, mediante la aprobación de una serie de “constituciones” (leyes), se hiciesen a los catalanes las mismas o similares concesiones que se habían hecho a los aragoneses. Esta necesidad de extender a Cataluña el mismo sistema de garantías y principios de orden constitucional buscaba tanto evitar otro conflicto por la vía del agravio comparativo, como conseguir nuevos apoyos políticos y financieros de la pujante sociedad catalana ante la perspectiva de la nueva guerra que se cernía sobre la Corona de Aragón. Y, efectivamente, así fue: cuando en 1285 el rey de Francia -Felipe III el Atrevido- iniciase su gran invasión aragoneses y catalanes responderían con todas sus capacidades a la convocatoria de armas de su rey, obteniendo una aplastante victoria sobre los ejércitos atacantes.

En los años posteriores a la guerra, la experiencia del proceso revolucionario que dio nacimiento al Privilegio General de Aragón animó a un sector de la nobleza a continuar con el uso o la amenaza del uso de la fuerza para arrancar del monarca nuevas concesiones. En cada convocatoria de rebelión los nobles aragoneses apelaban a la Unión, y bajo esa consigna actuaban. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en 1283, los nobles que las encabezaban apenas contaban con el apoyo de las demás fuerzas del reino y sus reivindicaciones se circunscribían a todo aquello que favorecía meramente a sus intereses particulares o de clase. Así, las concesiones que consiguieron arrancar de los debilitados reyes aragoneses se denominaron “Privilegio de la Unión” y, cuando estos nobles fueron finalmente derrotados en 1348 por Pedro IV en la batalla de Épila, tal documento fue abolido y físicamente destruído por el rey (rasgado por su mano con su puñal y arrojado al fuego), precisamente en el mismo lugar en el que Pedro III había otorgado el Privilegio General 65 años antes: el convento de Predicadores de Zaragoza. En el relato que el propio Pedro IV hace a su tío decía con jocosa sorna:

“Querido tío: os hago saber que hoy, hacia la hora de nonas, en Corte General de Aragón, nos fueron entregados los Privilegios, el libro de la Unión y el sello, y Nos, con nuestra mano, de seis en seis hojas cortamos todo el libro, y con cuatro golpes de mazo rompimos el sello y las bulas de los Privilegios y rasgamos los Privilegios. Todas las escrituras de la Unión, delante de la Corte, fueron arrojadas a un gran fuego que habíamos hecho preparar en el refectorio de los Predicadores, donde se celebran las Cortes; y ello se realizó entre grandes lloros, debido al gran humo que allí se formó. Por esto podéis entender que la Unión, gracias a Dios, ha muerto, y nosotros y mucha buena gente la hemos llorado por la fuerza y ahogo del dicho humo…”

El refectorio en donde tuvo lugar este hecho todavía existe y alberga hoy día la Biblioteca y Centro de Documentación del Agua y del Medioambiente, en el paseo de Echegaray y Caballero de Zaragoza. Otros testimonios hablan de cómo el rey, en su encono por romper los pergaminos con su propio puñal (de ahí que también se haya llamado a Pedro IV “el del puñalico”), llegó a herirse, de manera que, al verse sangrar, no pudo menos que exclamar:

¡Privilegio que tanta sangre ha costado no se debe romper sino derramando sangre!

Fue en ese mismo acto y Cortes de 1348 en el que el rey pone de manifiesto el radicalmente distinto carácter del Privilegio de la Unión, sectario y elitista, en comparación con el general (de ahí su nombre) y amplio (en el sentido más constitucional del término) del Privilegio General, pues fue entonces cuando se decidió que este último fuese incorporado al libro de los Fueros de Aragón, quedando consagrado su alcance y carácter imperativo sobre todo y sobre todos.

Es necesario puntualizar que el texto de 1283 había sido ampliado y reformado en algunos de sus aspectos en unas Cortes celebradas en Zaragoza en agosto de 1325. Esta reforma, promulgada el 1 de septiembre de aquel año, recogía disposiciones relativas a la venta de la sal, la persecución de los falsificadores de moneda, las tarifas de los escribanos, la abolición de la confiscación de bienes por suicidio (reservada solo a los traidores), la expropiación de mesnadas y tierras de caballeros y mesnaderos sólo por causa justificada y –muy importante- la prohibicion de la tortura en todo el reino, salvo en el caso de crimen de falsificación de moneda o sobre vagabundo que no fuese natural de Aragón.

Trascendencia del Privilegio General

Resulta casi obligado contrastar el Privilegio General de Aragón con la mejor conocida (incluso para los aragoneses, gracias a la literatura y el cine) Magna Carta inglesa.  Este documento, cuya denominación se viene usando también para referirse a la Constitución de cualquier país, fue arrancada al rey Juan I Sin Tierra, (conocido por el gran público como el “tirano” de las aventuras de Robin Hood) en 1215, bajo la presión de la nobleza de Inglaterra. Su comparación con el Privilegio General resulta pertinente desde varios puntos de vista (génesis, fuerzas e intereses en presencia, contenido y repercusión posterior). Siendo este documento posiblemente el único precedente existente de lo sucedido en Aragón en 1283, resulta llamativa su fuerte influencia en la imaginación de quienes, siglos después, se inspiraron en él para fundamentar determinados derechos y garantías de las personas tales como el Habeas Corpus (limitación del tiempo de detención hasta que el detenido pueda comparecer ante un juez), la Petition of Right (prohibición de infracción de determinadas libertades individuales por parte del rey) o incluso en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos de América. Y ello sorprende todavía más si tenemos en cuenta que los 63 artículos de la Magna Carta resultan ser más limitados en cuanto a sus preceptos y principios de alcance constitucional que el Privilegio General de Aragón. Este último era, no obstante, menos prolijo en la casuística de asuntos abordados debido a que, en su mayoría, ya habían sido debidamente codificados en la compilación de los Fueros de Aragón de 1247.

    El Privilegio General no fue el único factor que con el tiempo hizo de Aragón esa especie de isla parlamentarista, pactista y garantista en medio de una Europa que evolucionaba hacia el absolutismo de sus reyes y príncipes. Se trata de un jalón –aunque una enorme importancia- en la construcción de una constitución política del Estado aragonés que fue radicalmente distinta de la que se desarrollaba en su entorno.

Esta cadena de acontecimientos arrancaría de la decisión de Jaime I de dar por concluída la expansión territorial del Reino de Aragón para centrar sus energías en el desarrollo institucional y gubernativo del país. La compilación de los fueros de Aragón en 1247 obedecía a ese objetivo y tenía la intención de ir adaptando poco a poco el carácter indígena y consuetudinario del derecho aragonés a las pautas del derecho romano, más conformado a los intereses y necesidades del soberano. La elección para esta labor de Vidal de Canellas, formado en la universidad de Bolonia (centro de difusión de las doctrinas jurídicas romanistas), era idónea. Sin embargo, los objetivos de Jaime I se verían frustrados cuando en la práctica se verificó una enorme resistencia de la sociedad aragonesa a modificar tanto la interpretación y aplicación del derecho aragonés en el sentido pretendido por el rey como a aceptar modificaciones del mismo que supusiesen un cambio de su naturaleza originaria. De hecho, y para marcar claramente su diferenciación jurídica, los aragoneses incluso se negaron a llamar a sus normas “leyes”, abundando en la denominación “fueros” para significar el origen indígena y consuetudinario de unas normas que, a su entender, no eran sino formulaciones de un derecho natural de la tierra aplicado desde tiempo inmemorial entre los aragoneses y que no emanaba de la mera voluntad del monarca.

La transformación de un país que había dejado de ser una comunidad humana cuyo objetivo primordial era el impulso militar y reconquistador para pasar a reorganizarse como una sociedad que desarrollase su propio dinamismo endógeno dentro de sus fronteras, dieron pie a las lógicas tensiones y conflictos, especialmente entre el rey y la antigua élite política y militar que tanto se había beneficiado antaño del impulso reconquistador y que, ahora, carecía de vías de promoción social y económica que considerase aceptables. Esta inquietud también afectaba a los intereses del clero (pensemos, por ejemplo, en las órdenes militares) y a las villas y ciudades que se beneficiaban de la expansión del comercio y las manufacturas asociado a las nuevas conquistas territoriales. En ese contexto de áspera dialéctica entre el rey y las fuerzas vivas del reino, lideradas por la nobleza, se creó la institución del Justicia Mayor de Aragón en las Cortes de Ejea de 1265, como “juez medio” en un principio solo entre el rey y la nobleza y los nobles entre sí.



Sin embargo, el escenario derivado del reconocimiento general de derechos y libertades recogido en el Privilegio General de Aragón obligaría a ampliar el ámbito de actuación del Justiciazgo y a elevar su peso político en el entramado institucional y foral aragonés. Igualmente, las Cortes de Aragón pasaron de ser algo más que el consejo en el que el rey deliberaba con los nobles y demás representantes del reino (en el sentido medieval del término, dado que el sufragio democrático universal no existía en la época): se convertían ahora en una institución esencial en la gobernación del país. A partir de ese momento, y sin perjuicio de otras atribuciones que permanecieron en manos del rey, el monarca sólo podía legislar junto con las Cortes, de acuerdo con sus cuatro grupos políticos estamentales (los “brazos” de ricos-hombres, infanzones, clero y universidades –esto es: los poderes municipales-). El monarca ya no podría actuar a su arbitrio, sino sometido al fuero (principio de legalidad). La resolución de los conflictos institucionales se haría de acuerdo con un procedimiento reglado. Se introducía la garantía de los derechos individuales. Y, de forma consecuente con la norma de tradición ahora codificada como fuero, se consagraba el principio general de libertad civil en ausencia de cualquier norma imperativa.

La consolidación de estos principios constitucionales tras la derrota de la Unión en 1348 y la aceptación definitiva del Privilegio General por parte de Pedro IV supusieron el asentamiento y fuerte desarrollo del sistema político-institucional aragonés que con tanto éxito frenaron las tendencias absolutistas y autoritarias que triunfaban fuera de la Corona de Aragón. La actividad desarrollada por la corte del Justicia en la interpretación de los fueros (que se recogía en las llamadas Observancias, verdadera jurisprudencia constitucional aragonesa) dieron pie al último gran referente constitucional de Aragón: el Fuero de Sobrarbe. Las referencias de varios de los más cualificados letrados a este fuero legendario impulsaron la formulación de la teoría política básica que sustenta todo el entramado constitucional aragonés. Se trataba de una invención, una leyenda que, sin embargo, se usó como poderoso argumento justificativo de la forma de gobernarse los aragoneses y del papel de sus instituciones propias, empezando por la del mismo monarca. En ella se aduce que fueron los aragoneses quienes en su momento eligieron a los reyes para que les gobernasen de acuerdo con las leyes del reino, y no por el libre arbitrio de los monarcas. Su versión más exitosa se plasmó en la Letra Intimada que escribió el 25 de febrero de 1435 el Justicia Juan Jiménez Cerdán a su sucesor Martín Díez de Aux. En ella no sólo se asume que “en Aragón, antes hubo leyes que reyes”, sino que incluso antes que reyes también hubo justicias. De estas referencias y de este importantísimo texto (que, como el Privilegio General de Aragón, también se incorporó al libro de los fueros) se derivó la fórmula –también mítica- de la jura de los que habían de recibir la corona de Aragón: “Nos, que somos tanto como vos, y juntos más que vos, os elegimos como nuestro Señor y Rey si conserváis nuestros derechos y libertades; y si no, no “.

El Reino de Aragón, con o sin Privilegio General, no era una democracia (concepto inexistente e inconcebible en la mentalidad y circunstancias de la época) como la entendemos en nuestros días. Pero es indudable que, en buena medida, gracias al Privilegio General, Aragón era un país mucho más protector de los derechos individuales de la mayoría de su población y se gobernaba por instituciones y normas mucho más participativas que las de cualquier otro Estado de su época. El vigor de su cultura política fue trasladado en buena medida y para su beneficio a Cataluña y Valencia por unos monarcas conscientes de la necesidad de guardar los equilibrios y la equidad entre los principales Estados de su Corona. Este legado nacido en el Reino de Aragón fue evocado por quienes en el siglo XIX bucearon en esa realidad y en los mitos que alrededor de ella se construyeron, para concebir y diseñar las Constituciones y los Estados democráticos de hoy día.

Con todos nuestros respetos por Robin Hood: el Privilegio General de Aragón debería estudiarse en las escuelas. Y no sólo en las aragonesas.

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