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El Código de Derecho Foral Aragonés se actualiza

Exteriores del edificio Pignatelli Exteriores del edificio Pignatelli

El 3 de julio del año pasado se publicó la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Una norma que ha obligado a modificar, ligeramente, el Código de Derecho Foral Aragonés con el objetivo de actualizarlo al nuevo marco normativo.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria introdujo una importante novedad en materia de sucesión legal al dejar fuera del ámbito competencial de los tribunales de Justicia la declaración de herederos abintestato (sin testamento) a favor de parientes colaterales y del Estado. 

Ante este cambio, la Comisión Aragonesa de Derecho Civil se reunió a finales del año pasado para iniciar los trabajos de redacción del anteproyecto de modificación de los artículos 535 y 536 del Código de Derecho Foral Aragonés. Lo hizo tras recibir la correspondiente encomienda por parte del propio Gobierno de Aragón.

Finalmente, el pasado 29 de diciembre, el Consejo de Gobierno aprobó el texto del Proyecto de Ley de modificación de los artículos 535 y 536 del Decreto Legislativo 1/2011 por el que se aprobó el Código de Derecho Foral de Aragón. Texto que será remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria.

EL CAMBIO

Pero, ¿en qué consiste realmente la modificación que se ha hecho del Código de Derecho Foral Aragonés? En el plano formal ha supuesto la eliminación del término “judicial” cuando, en los artículos 535 y 536 se hacía referencia a la expresión “previa declaración judicial de herederos”. Es decir, la redacción actual es “previa declaración de herederos”. 

La Ley estatal de Jurisdicción Voluntaria deja fuera del ámbito de los tribunales la declaración de herederos abintestato de modo que es sustituida por el acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato autorizada por notario y, en el caso del Estado y de las comunidades autónomas, por una declaración en vía administrativa.

“La Ley de Medidas que acompaña a la de presupuestos de este año reforma unos artículos de la Ley del Patrimonio aragonés para introducir un procedimiento de declaración de herederos legales a favor de la Comunidad Autónoma, que es un procedimiento administrativo”, explica el catedrático de Derecho Civil Jesús Delgado Echevarría, que preside la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. 

Este proyecto es uno de los primeros que afronta la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario que tiene como uno de sus objetivos prioritarios proteger, divulgar y fomentar el derecho propio aragonés tanto en su vertiente pública como privada. 

¿Puede beneficiar este cambio a los aragoneses? El catedrático Jesús Delgado responde que “desde este punto de vista, es todo exactamente igual”. Ahora bien, la cuestión de fondo, establecida en la compilación de1995, supone que “cuando en una sucesión que deba estar regida por el Derecho aragonés no haya testamento ni parientes de los que deban suceder legalmente, hereda la Comunidad Autónoma”, asegura este catedrático.

“Eso sí ha sido importante”, resalta Delgado, quien recuerda el caso de la herencia de Elías Martínez, que falleció con una gran fortuna heredada en buena parte en Chile. 

“Entonces, los tribunales hicieron una declaración de herederos a favor de la Comunidad y sus servicios jurídicos lo hicieron muy bien porque tuvieron que pleitear en Chile”, relata Delgado, quien asegura que fue una herencia muy importante (24 millones de euros) con la que se hizo, entre otro proyectos, la residencia de ancianos Elías Martínez en Torrero. 

¿QUÉ ES LA COMISIÓN ARAGONESA DE DERECHO CIVIL?

La encargada de redactar el anteproyecto con la nueva redacción de los artículos 535 y 536 fue la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, que nació en 1996 y es un órgano consultivo que tiene por objeto asesorar al Gobierno de Aragón sobre la conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil aragonés. 

La Comisión Aragonesa de Derecho Civil la preside el catedrático de Derecho Civil Jesús Delgado Echevarría y la completan José Luis Batalla Carilla (registrador), Adolfo Calatayud (notario), Jesé García Almanzor (registrador), Javier Sancho-Arroyo y López Rioboo (abogado), David Arbués (abogado), María Ángeles Parra (catedrática de Derecho Civil), José Manuel Enciso Sánchez (notario), Rafael Santacruz (abogado del estado) y José Antonio Serrano García (profesor titular de Derecho Civil), que hace las veces de secretario de la Comisión.

En 1996 esta comisión contaba con un plan de trabajo completo, pues era la encargada de “redactar totalmente el Derecho aragonés (leyes de sucesiones, régimen económico matrimonial, derecho patrimonial...)”, recuerda Delgado.
Las Cortes delegaron también entonces en el Gobierno autonómico hacer un texto refundido que “nos encargó a nosotros y es el Código de Derecho Foral hoy vigente. Hasta ahí teníamos un plan de trabajo importante, denso que ya está hecho”, apunta este catedrático. 

Ahora, la Comisión Aragonesa de Derecho Civil se perfila como un órgano “permanente” de consulta y, de momento, no se plantea ninguna reforma del Código de Derecho Foral. 

A lo largo de la anterior legislatura esta Comisión no mantuvo ninguna reunión, según fuentes de la DGA. Así, el Ejecutivo que preside Javier Lambán propone que la convocatoria de este órgano para modificar los artículos 535 y 536 no sea algo puntal.

“Queremos contar con la Comisión a lo largo de toda la legislatura, con reuniones periódicas y con continuidad para que hagan todo tipo de aportaciones. Queremos, en definitiva, que la Comisión tenga una vocación recurrente y lo más activa posible para trabajar en el ámbito de nuestro Derecho”, explica el director general de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario del Gobierno de Aragón, Enrique Giménez Allueva.

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