DIARIO ARAGONESMediodiaEl Gobierno de Aragón adjudicó 211 millones “sin expediente administrativo” según la Cámara de Cuentas

El Gobierno de Aragón adjudicó 211 millones “sin expediente administrativo” según la Cámara de Cuentas

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La Cámara de Cuentas de Aragón ha aprobado el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón del ejercicio 2017, una vez concluido el trámite de audiencia a la entidad fiscalizada. En concreto, la Cámara ha auditado 13 entidades que representan el 97% de un presupuesto de gasto de 5.831 millones de euros, el 96% del personal y el 86% del activo total. Tras someter a análisis distintos factores relativos a contabilidad, áreas de personal, o gestión presupuestaria, los auditores han determinado que Aragón “incumplió el procedimiento de contratación” por un importe de, al menos, 211 millones de euros. Así, según extrae la Cámara, esos 211 millones fueron adjudicados “sin expediente administrativo ni formalización de contrato”.

De esta cantidad, 182 millones correspondieron a compras de farmacia hospitalaria, 16 millones a gasto en implantes, 8 millones a los servicios de rutas escolares y 5, a servicios de atención a menores y ocupación de plazas residenciales. Asimismo, los auditores consideran que la Comunidad Autónoma tampoco publicó las licitaciones y adjudicaciones de sus contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público e incumplió la obligación de comunicar a la Cámara todos los contratos. Los auditores estiman que el gasto no comunicado ascendió a 448 millones, de los que 437 correspondieron al SALUD. También se han detectado “errores” en los datos publicados en el Portal de Transparencia.

En lo que respecta a los contratos menores, la Cámara de Cuentas ha detectado “riesgo de fraccionamientos” al identificar 198 proveedores adjudicatarios de dos o más contratos menores de similar objeto. El importe acumulado de estos contratos ascendió a 12,7 millones de euros. En materia de personal, en 2017 se mantuvieron incumplimientos señalados en las auditorías de años anteriores, como la existencia de complementos salariales sin cobertura en una norma o reglamento y el pago del complemento de productividad por un importe de 104 millones de euros con carácter fijo, siendo que se trata de un complemento variable y asociado al especial rendimiento.

El órgano auditor llama la atención sobre “su grave desequilibrio patrimonial” debido a tres factores: endeudamiento financiero que, al cierre del ejercicio, era de 8.553 millones de euros, saldo negativo de los fondos propios, por importe de 3.309 millones de euros y remanente de tesorería, también negativo, de 532 millones de euros, lo que evidencia la dificultad para cumplir con las obligaciones a corto plazo.

Estas cifras empeoran si se tienen en cuenta los ajustes identificados por la Cámara, que reducen los fondos propios hasta 3.633 millones de euros y el remanente de tesorería hasta 590 millones de euros. Ante esta realidad, si los ingresos no aumentan, la Comunidad necesitará seguir “endeudándose” para financiar el gasto corriente o bien reducir sus gastos en, al menos, 349 millones de euros.

Respecto a la auditoría económico-financiera de la Cuenta General, la opinión de la Cámara es favorable, en el sentido de que las cuentas anuales de las trece entidades de la Comunidad Autónoma auditadas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de su situación financiera a fecha 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados económico y presupuestario, excepto por las 19 salvedades identificadas por la Cámara.

Entre las más significativas, la Cámara señala una “provisión insuficiente” para hacer frente a responsabilidades, probables o ciertas, que la Cámara eleva de 51 millones de euros a 114. Ejemplos de este tipo de riesgos son los 25 millones de euros reclamados judicialmente por el Ayuntamiento de Zaragoza en cumplimiento del Convenio para la financiación del tranvía, los 20 millones de posible reclamación del Estado en concepto de devolución de los fondos FITE no ejecutados y los 15 millones por el pago de prestaciones a la dependencia reconocidas y no pagadas.

El máximo órgano auditor también llama la atención sobre la valoración incorrecta de los activos que la Comunidad Autónoma tiene para producir bienes y prestar servicios públicos, así como sobre la falta de información de gastos plurianuales. Entre estos compromisos futuros que no figuran contabilizados se encuentran las amortizaciones del préstamo procedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) 2017, los compromisos pendientes con Zaragoza Alta Velocidad por importe de 69 millones, con ARAMON, por 13,5 millones, con los centros de enseñanza concertada, por 150 millones de euros al año aproximadamente, y con el Estado por la deuda procedente del sistema de financiación de 2008-2009 que, en total, asciende a 495 millones.

En materia de personal, la Cámara de Cuentas de Aragón echa en falta el reflejo en las cuentas del compromiso retributivo con los funcionarios, por la devolución de la paga extraordinaria de 2012, por importe de 20 millones de euros y con el personal sanitario jubilado, en concepto de complementos de pensión, por importe de 15 millones.

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