DIARIO ARAGONESMediodiaRivarés ratifica que el Ayuntamiento reclamará por vía judicial 700.000 euros a Tranvías de Zaragoza

Rivarés ratifica que el Ayuntamiento reclamará por vía judicial 700.000 euros a Tranvías de Zaragoza

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El Gobierno de Zaragoza en Común decidió este lunes seguir una de las recomendaciones que hacía el informe del Tribunal de Cuentas acerca del Tranvía de Zaragoza. Según explica el concejal de Hacienda, Fernando Rivarés, el documento informaba que el Ayuntamiento había pagado alrededor de 700.000 euros de más a la Sociedad del Tranvía en concepto de mano de obra, por lo que se ha tomado la decisión de iniciar los trámites de una demanda por la vía de lo contencioso administrativo para recurrir este asunto.

“El Gobierno de la ciudad decidió ayer es cumplir con la defensa del dinero público. Simplemente cumplir con nuestra obligación además de aplicar el sentido común”, ha explicado Rivarés.

En el informe se recoge una cantidad de 214.000 euros que, en principio, el Ayuntamiento había pagado de más a la Sociedad del Tranvía en concepto de mano de obra durante ocho certificaciones. El informe informa que esa mano de obra nunca debió suponer un aumento mayor en aportación económica, “exactamente igual que pasó en su día con Auzsa y con FCC”, aclara el concejal.

“Nuestra obligación es recuperarlos y la única vía, la convencional y la que sugiere el propio informe del tribunal de cuentas, es recurrir al juzgado. Nos quedan dos meses de plazo desde la emisión del informe a finales del año 2016. Iremos al juzgado y pediremos que se nos devuelva ese dinero que pagamos de más para defender el dinero publico”, ha insistido Rivarés.

El concejal ha defendido que “cuando se paga una certificación tiene que hacerse fundamentadamente con las condiciones que marcan los pliegos, no con modificaciones que después una de las partes quiere hacer. Si los pliegos dicen que las condiciones son estas, son estas y no otras. Y si después cambia el coste del combustible, o de la mano de obra o de cualquier otra cosa, son asuntos y riesgos que corre la empresa explotadora, y no el Ayuntamiento”, concluye.

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