DIARIO ARAGONESEspecialesAragón y su historiaEl Compromiso de Caspe y la cultura política de Aragón

El Compromiso de Caspe y la cultura política de Aragón

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Por repetido, se ha convertido en tópico: el Compromiso de Caspe es un hecho asombroso, por haber resuelto mediante un pacto una crisis sucesoria que en la Europa de la época se zanjaría por la violencia y la ley del más fuerte. Y el caso es que, a pesar de ser esa la conclusión más compartida, es raro encontrar análisis que intenten responder a la pregunta de por qué a comienzos del siglo XV tal cosa fue posible en Aragón y no en otros países. Desde la Fundación Gaspar Torrente para la investigación del aragonesismo, nos ocupamos durante el pasado año (sexto centenario del Compromiso) de divulgar el análisis de la cultura política del viejo Reino de Aragón, causa fundamental de que este proceso pudiese llegar a tener éxito aquí, siendo prácticamente imposible que lo hubiese tenido (en el supuesto casi impensable de haberse llegado a plantear) en Francia, Castilla o Inglaterra.

La misma fórmula que supuestamente ofreció el conseller Ferrer de Gualbes al rey como procedimiento de solución (“Señor, ¿le place a usted que la sucesión de los dichos reinos y tierras, después de su muerte, sean heredados por aquél que, por justicia, deba, y que se haga carta pública?”) encierra muchos elementos de la peculiar cultura política aragonesa: soberanía compartida del rey y las Cortes (el rey renuncia a designar sucesor a su arbitrio y somete tan grave cuestión -que de ningún modo se veía como un asunto de familia, sino de Estado- a las instituciones en donde están representadas las fuerzas vivas del país), autosuficiencia constitucional de las Cortes en ausencia de rey (ellas mismas se reúnen sin la preceptiva convocatoria del rey pero con su autorización póstuma para adoptar la solución necesaria), preeminencia de la vía política en los grandes asuntos de Estado (papel de los mediadores, empezando por el Papa y el Justicia de Aragón) y respeto del principio de legalidad (el resultado se consagra como conforme al ordenamiento jurídico mediante acta).

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Así pues, tras una evolución iniciada en tiempos de Jaime I (especialmente con la compilación de los Fueros decidida por las Cortes de Huesca de 1247 y el reforzamiento de la figura del Justicia de Aragón por las de Ejea de 1265), el Reino de Aragón y -en gran medida, por imitación- los demás Estados de la Corona cuentan con instituciones y principios constitucionales que hablan de la asunción por parte de sus fuerzas dirigentes de una determinada concepción del Estado y de la forma de gobernarse que arropan todo el proceso del Compromiso frente a los embates de quienes están dispuestos a hacerse valer por la fuerza. Señalemos, ante todo,  el papel codecisorio de las Cortes y el Rey, quien no puede legislar por su cuenta y está sometido a la ley. Estos principios quedaron consagrados con la concesión del Privilegio General de Aragón (1283), verdadera Magna Carta aragonesa que, obtenida en una rebelión de todos los estamentos del país (y no solo de la alta nobleza) de forma parecida a la inglesa de 1215, era un compendio de derechos y deberes de carácter constitucional y, como tal, quedó incorporada a los Fueros de Aragón, siendo “exportada” casi inmediatamente después a Cataluña. Tales principios eran totalmente inauditos e incluso contrarios a la deriva hacia el absolutismo que la monarquía había tomado en Castilla o en Francia. Allí era impensable una actitud tan respetuosa con instituciones y principios como la de Martín el Humano o que las Cortes se reuniesen excepcionalmente sin convocarlas el rey.

Esta cultura política, que arraigó con la divulgación deliberada de mitos como la fórmula de juramento de los reyes de Aragón asociada a los legendarios Fueros de Sobrarbe (“Nos, que somos tanto como vos y juntos más que vos, os hemos elegido como nuestro Señor y Rey si conservais nuestros derechos y libertades; y si no, no”), explica todo lo que nos distinguió como nación durante siglos, nuestro celo por las garantías de los derechos y libertades individuales (que llegarían a alcanzar a la mayoría de la población), nuestras concepciones acerca de la monarquía y demás instituciones de gobierno y nuestra predilección por el pacto en el ejercicio de nuestra libertad civil. Y explica también por qué algo como el Compromiso de Caspe fructificó en nuestra tierra y no en otras. Hoy nos enseña por qué no basta con llevar urnas a Afganistán para instaurar allí democracia. Tal semilla solo arraiga cuando se siembra en una tierra que antes se ha cuidado pacientemente para que pueda germinar en ella.

 

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