El Plan Especial de Fomento de Empleo Agrario contará en 2023 con un presupuesto de 1.083.334,87 euros, un 5% de aumento en comparación con la anterior edición, lo que permitirá aumentar el número de contrataciones.Este martes se ha reunido la Comisión Regional de Seguimiento en la Delegación del Gobierno en Aragón con la presencia de la delegada Rosa Serrano, los subdelegados provinciales, y con representación del SEPE, INAEM, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, las diputaciones provinciales y los agentes económicos y sociales.
El Plan Especial de Empleo para Aragón destina créditos, con cargo a los presupuestos anuales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para financiar los costes salariales, incluida la cotización empresarial, de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por ayuntamientos y comarcas para realizar obras y servicios de interés general y social. En cuanto a la tipología de los proyectos, se trata de labores de reforestación, prevención contra incendios, mejora o creación de zonas verdes y saneamiento de cauces y riberas, entre otros.
En la reunión se ha realizado un balance del Plan Especial de Empleo del año 2022 en Aragón. Se han llevado a cabo, o se están ultimando puesto que el período finaliza en junio, 65 proyectos que han permitido la contratación de 142 personas (123 hombres y 19 mujeres) por un periodo medio de 4´85 meses. El proyecto ha permitido llegar a 59 ayuntamientos, seis comarcas y una mancomunidad manteniendo la duración del empleo que se estableció en la convocatoria del 2020, cuando aumentó en un mes.
El dinero destinado en 2022 a este programa ha sido de 1.031.747,48 euros, de los que 338.722,70 corresponden a la provincia de Huesca; 184.889,15 a la de Teruel y 508.135,63 a Zaragoza. En cuanto a trabajadores son 75 en la provincia de Zaragoza, 41 en la de Huesca y 26 en Teruel. Respecto a proyectos, en la provincia de Zaragoza se están desarrollando 28, otros 23 en la de Huesca, y 15 en la de Teruel.
Ahora se desarrollarán las reuniones de las comisiones provinciales de seguimiento, se publicarán después en los boletines provinciales la convocatoria, se estudiarán las solicitudes y se realizará un baremo de las mismas, y después se aprobarán los expedientes y se comunicarán. El último paso será comunicar las resoluciones a ayuntamientos y comarcas para que puedan comenzar a contratar en el mes de octubre o noviembre.
