El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy , un compromiso del Ejecutivo autonómico que articula nuevos instrumentos de participación de la sociedad en los asuntos y políticas públicas, en este caso, a través de las entidades y organizaciones que forman parte del denominado Tercer Sector Social.
En el ámbito estatal, la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, de ámbito de aplicación supra autonómico, se orienta a fortalecer la capacidad de las entidades que integran este Tercer Sector en cuanto interlocutoras ante la Administración General del Estado para el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas públicas de ámbito social, pero sin comprender las actividades que se desarrollen exclusivamente en esta Comunidad, por lo que, en la misma línea de otras comunidades autónomas, resultaba necesario la aprobación de una norma aragonesa sobre esta materia.
La norma se desarrolla en torno a cuatro ejes fundamentales. El primero de los objetivos que persigue es el de dotar de un marco regulador que aporte seguridad jurídica en sus actuaciones a todas aquellas entidades integrantes del Tercer Sector, entendiendo como tales a efectos de la presente Ley aquellas surgidas voluntaria y libremente de la iniciativa ciudadana que, respondiendo a criterios de solidaridad y careciendo de ánimo de lucro, trabajan en favor de personas que sufren condiciones de vulnerabilidad, a diferentes niveles y por diferentes motivos.
Otra de las finalidades de la presente Ley es articular una nueva vía de colaboración, permitiendo a estas entidades participar de las políticas sociales del Gobierno Autonómico y enriquecerlas desde su óptica y su identidad crítica. Asimismo, busca fomentar su relación con el tejido empresarial.
Por último, la norma pretende promocionar y mejorar el conocimiento de las entidades a través, fundamentalmente, de la Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social de Aragón, pero también de otras iniciativas que den a conocer la labor que estas desempeñan y su contribución a la ciudadanía aragonesa.
En cuanto a su contenido, además de las disposiciones generales y los principios que han de inspirar la actuación de las citadas entidades, destaca especialmente el capítulo III en el que se consagra el principio de diálogo civil y se establecen vías tangibles de participación y promoción. Entre ellas, destaca la Mesa del Diálogo Civil, en cuanto vía de diálogo y participación permanente y bidireccional entre las entidades del Tercer Sector y el Gobierno de Aragón respecto de las políticas sociales, quedando supeditada la determinación de su composición, funciones, organización y funcionamiento a ulterior desarrollo reglamentario.
También contempla la Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social de Aragón, que, con una vigencia cuatrienal será elaborada por el Gobierno de Aragón, a través del Departamento competente en materia de servicios sociales y en colaboración con los representantes del Tercer Sector Social, previo acuerdo de la Mesa del Diálogo Civil, y habrá de recoger fórmulas de impulso y promoción de estas entidades en nuestra región.
