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domingo, noviembre 27, 2022
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Cs Zaragoza defenderá una moción para instar al Gobierno de España a endurecer las penas en caso de ocupación de viviendas

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Los grupos municipales de Ciudadanos y Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza defenderán una moción en el pleno de este viernes por la que solicitan instar al Gobierno de España a que proceda a modificar los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias, y a recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años.

El portavoz adjunto de la formación liberal, Víctor Serrano, acompañado por la portavoz del PP, María Navarro, ha presentado en rueda de prensa las propuestas que ambos grupos llevarán a pleno. En el caso de la moción sobre la ocupación ilegal, solicita también al Ejecutivo central que incluya nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble, con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento. También, proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía.

En un tercer punto, se pide modificar la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda, en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Además, se propone incluir un nuevo apartado en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal, definido en la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios; y solicitar que esta inscripción se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni les atribuya ningún derecho. Para ello, los ayuntamientos darán de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello; y se requiere que se modifique la legislación tributaria para la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas.

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