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viernes, diciembre 2, 2022
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IU presenta Cinco propuestas a la reforma fiscal para una recuperación justa y social en Aragón

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.-  El Coordinador general de IU Aragón y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha trasladado las cinco propuestas de Izquierda Unida al Gobierno de Lambán, en un debate sobre fiscalidad que ha de ajustarse a los principios establecidos en el artículo 31 de la Constitución Española.

En este sentido, se deben valorar las carencias estructurales que han generado un déficit en las cuentas de la comunidad y que se manifiestan en los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón cada ejercicio, sobre todo en el capítulo de personal, las deficiencias en inversiones pendientes y la deuda pública en crecimiento.

Por lo tanto, más que establecer un techo de gasto, tenemos que fijar un “suelo de ingresos”, que impida un continuo adelgazamiento de la capacidad del estado como garante de la redistribución de la riqueza a través de la prestación de los servicios básicos más importantes que gestiona la Comunidad Autónoma de Aragón.

Desde Izquierda Unida se afronta este debate con rigor, y se han valorado los beneficios fiscales para conocer el impacto real de las siguientes medidas propuestas:

  1. Derogar la última ley del impuesto de sucesiones y donaciones, Ley 10/2018, de 6 de septiembre que bonifica y favorece a las grandes fortunas.
  2. Progresividad y justicia fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Que pague más quien más tiene y se puedan bajar los impuestos de las rentas inferiores a 50.000 euros, además de implementar subidas paulatinas, aumentando también en tres el número de tramos.
  3. Con respecto al impuesto sobre el patrimonio, mantener como mínimo las condiciones actuales, y en ningún caso aumentar las bonificaciones.
  4. Recuperar el impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable, lo que permitiría una recaudación, por ejemplo, sobre los telesillas que actualmente no está teniendo lugar.
  5. Creación de un nuevo canon medioambiental sobre el impacto paisajístico, ambiental y social de la generación eléctrica para instalaciones de producción de potencia superior a 10 MW, del que estarían por supuesto exentos el autoconsumo, las cooperativas energéticas y las comunidades energéticas locales.
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