Julio Calvo Iglesias
Presidente del Comité Ejecutivo Provincial de VOX en Zaragoza
Hay varias cuestiones que deberían preocuparnos a los españoles sobre los fondos europeos y que, razonablemente, han preocupado a Mónica Hohlmeier en su visita de control a España, como, de hecho, ya ha expuesto en alguna de sus declaraciones públicas.
Nuestro Gobierno ha tomado una decisión muy poco ejemplar a los ojos de Europa: la rebaja del delito de malversación para beneficiar a sus socios separatistas. El sagrado principio de “tolerancia cero” frente a la corrupción queda así gravemente cuestionado. “Me preocupa dar a España fondos millonarios mientras se rebaja la malversación”, ha dicho Hohlmeier. Es una frase absolutamente razonable ante la que el presidente del Gobierno habrá quedado mudo. No puede objetar nada ante esa inquietud de la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario europea.
Otro motivo de preocupación: la trazabilidad de los fondos. Nuestra intrincada estructura
administrativa, que a ojos europeos resulta por lo menos excéntrica y para muchos
incomprensible, hace que la distribución en cascada de los fondos dificulte su gestión, la haga más lenta y complicada -como, por cierto, ocurre con carácter general con todas las competencias transferidas a las comunidades autónomas y que está en el origen de nuestro déficit estructural y de la deuda que va arruinar a las generaciones futuras- e impida su seguimiento. Al final resulta imposible saber cuánto dinero ha llegado a su destino final, cual pueda ser éste y si, efectivamente, se ha destinado a los fines previstos.
Por ello mismo, el grado de ejecución parece ser alarmantemente bajo en comparación con otros países europeos. Los datos disponibles a finales del año pasado mostraban un grado de asignación muy bajo y de realización efectiva de pagos mucho más baja todavía, lo que hace temer que, salvo que se haya acelerado mucho en los dos últimos meses, difícilmente se van a poder cumplir las exigencias europeas sobre los plazos. Ello impedirá que nos lleguen todos los fondos que se había comprometido Europa a entregarnos. Y si hay algún país que los necesita perentoriamente es España. La mala gestión va a hacer que perdamos buena parte de los recursos que nos corresponderían en el reparto.
Y finalmente, ¿cuál es el destino final de los mismos? En nuestro país tenemos la mala
experiencia del Plan E de Zapatero, cuya ejecución sólo sirvió para agravar la situación
económica en la que nos hallábamos, con obras inútiles, sin demanda social ni rentabilidad
alguna, en las que el cartel que las anunciaba costaba más que la obra que se financiaba.
No espero -ni deseo- que ahora se incurra en los mismos errores, pero el repaso de los boletines oficiales donde se da cuenta de las actuaciones seleccionadas nos muestra que las destinatarias finales son las administraciones públicas: carriles bici, aparcamientos seguros para bicicletas y vehículos de movilidad personal, paradas de autobús, digitalización de la propia administración, cursos de formación sobre igualdad de género para los empleados de los Servicios Públicos de Empleo… ¿Cuántos autónomos o pymes han recibido hasta ahora un euro procedente de los fondos europeos? Sólo, imagino, aquellos que hayan tenido la suerte de contratar con la administración la construcción de alguno de esos carriles bici. Pero nada que vaya a fortalecer a nuestras empresas y hacerlas más competitivas, que era el objetivo de los fondos.
