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miércoles, mayo 31, 2023
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Podemos eleva al TACPA los pliegos de La Romareda para que determine si es legal utilizar el derecho de superficie para la construcción del estadio

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Podemos, como ya anunció su portavoz y candidato a la alcaldía Fernando Rivarés hace unos días, ha formalizado en tiempo y forma su petición al TACPA para que determine la validez legal de los pliegos de La Romareda en relación al uso del derecho de superficie como fórmula para contratar la construcción y explotación del estadio y los usos terciarios incorporados.

El recurso de Podemos se basa en dos cuestiones principales. La primera, la prohibición de incluir en un contrato privado como sería el derecho de superficie prestaciones propias de un contrato administrativo (obras, servicios,  gestión de obra o gestión de servicios) cuando el valor estimado de las mismas es superior al 50% del importe total del negocio (según el artículo 9.2 de la Ley de Contratos del Sector Público). Así, según ha explicado Rivarés, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ya determinó a consulta de la Diputación Provincial de Huesca que  “Si la prestación predominante es la propia de un contrato administrativo típico, esta será la naturaleza jurídica del contrato en cuestión”.

“Dado que el valor de la construcción del campo de fútbol, según el informe económico del Real Zaragoza que da origen a los pliegos, es de 139 millones” y el valor del derecho de superficie lo ha situado el Ayuntamiento en los 30,8 millones, “se excede por mucho de ese 50% del precio y no podría tramitarse como un contrato privado sino como un contrato administrativo”, ha considerado Rivarés.

El segundo motivo es el considerar que se está “ante un verdadero contrato de concesión de obra” ya que existe una construcción del estadio, una explotación del mismo y el riesgo de la operación es para el adjudicatario, que son los tres elementos típico del contrato de gestión de obra recogidos en el artículo 14 de la Ley de Contratos.

Esto, a juicio de la formación morada, es “especialmente relevante”, ya que considera que el órgano de contratación (el Gobierno de la ciudad) ha optado por una figura aparentemente de derecho privado con el fin de saltarse los plazos legales y ampliar el máximo de 40 años a 75 “con la única finalidad de que el adjudicatario obtenga un rendimiento económico mayor que el que la ley le permitiría”.

Para Rivarés, de considerarse su pretensión, significaría que “tendríamos un gobierno que habría retorcido la norma haciéndole perder a la ciudad los ingresos de explotar el campo durante 35 años, que según el estudio de viabilidad del Real Zaragoza se estiman en 514,5 millones de euros”.

El candidato a la alcaldía ha renunciado a solicitar medidas cautelares “consciente de que el TACPA las hubiera concedido” porque, según ha indicado, “hubiese paralizado el concurso e imposibilitado la entrega de la documentación requerida por la RFEF de cara a la candidatura del Mundial 2030”.  “La responsabilidad de Podemos con la candidatura al Mundial contrasta con la irresponsabilidad de Azcón y Serrano, que en el mes de septiembre no quisieron convocar un concurso público para elaborar el anteproyecto de campo”, ha añadido.

Rivarés ha indicado que, si hubiesen actuado con la diligencia normal en estos procesos, “hoy tendríamos un anteproyecto público de estadio y la semana que viene se hubiera podido entregar a la Federación en vez de hacer pasar como propuesta de la ciudad lo que sólo es parte de una oferta sobre la que el ayuntamiento no puede pronunciarse de manera legal”. Que alguno de los componentes del órgano de contratación ya haya accedido a documentación que ha de presentarse en un sobre cerrado a un concurso público convocado “es de las cosas más irregulares que han pasado en años en este Ayuntamiento”, ha agregado.

Igualmente, considera que esta actuación es “lo más responsable que puede hacer su formación” ya que, “si cualquier tercero hubiera acudido a los tribunales de justicia solicitando la nulidad del concurso, podríamos estar en la misma situación que hubo con el estadio de Lamela que se paró años después con la obra a punto de comenzar”. Sin embargo, el hecho de recurrir a la vía administrativa hace que la cuestión esté resuelta ”previsiblemente antes de que acabe el plazo de presentación de ofertas”. “Es la única manera de asegurar la legalidad o no de la operación sin paralizar nada”.

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