Partido Popular, Izquierda Unida y Partido Aragonés han asegurado su respaldo en las próximas Cortes de Aragón, y desde el ejecutivo si tienen opción de gobierno, a cumplir con las tres demandas que les han presentado los sindicatos STEPA y CATA: identificar todas las plazas que cumplen con los requisitos de la ley 20/21 y deben salir a concurso de méritos o concurso-oposición, incluyendo todas aquellas que no hayan sido ofertadas; convocar estos procesos en el menor plazo posible; y no ofrecer las plazas identificadas en ningún otro sistema de provisión de puestos. Para ello se comprometen a dotar a la Administración de los medios y mecanismos necesarios con objeto de reducir la elevada temporalidad, que actualmente ronda el 50%, frente al 8% que establece la Ley.
STEPA y CATA, que en las recientes elecciones se consolidaron como la tercera fuerza sindical en la administración autonómica, enviaron un escrito con estas reivindicaciones a las 9 principales formaciones que concurren a las elecciones autonómicas del próximo domingo, con el objetivo de «informar sobre la postura de cada partido respecto a un problema de especial relevancia para las casi 17.000 familias aragonesas con al menos un integrante trabajador público temporal con años de experiencia, en su mayoría mujeres mayores de 50 años y con riesgo de despido sin ningún tipo de indemnización»; y también «una situación que afecta a la sociedad en general«.
El documento ha sido firmado por Mar Vaquero, secretaria general de PP Aragón; Álvaro Sanz, coordinador general de Izquierda Unida Aragón; y Clemente Sánchez-Garnica, presidente del Partido Aragonés. Los sindicatos han agradecido este importante respaldo a su iniciativa para lograr, finalmente, «una solución justa, legal y a coste cero«, para las víctimas del abuso de temporalidad.
La carta responde al incumplimiento por parte del Ejecutivo de Javier Lambán de la normativa europea y la Ley 20/21 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad. Según los datos oficiales, 29.000 trabajadores y trabajadoras de la DGA, el 49,5% de la plantilla, son temporales, cuando la normativa legal establece que este índice no supere el 8%.
De ellos, se estima que unos 17.000 están en fraude de ley entre Sanidad, Educación, Justicia y Administración General, al acumular contratos temporales desde hace más de 3 años. Gran parte de estos contratos cumplen con los requisitos que marca la Ley 20/21 para estabilizar sus plazas por concurso de méritos o concurso oposición, pero el Gobierno de Aragón no las ha incluido en la oferta extraordinaria de estabilización provocando ceses masivos del personal en abuso sin ni siquiera la indemnización que prevé la ley y provocando un grave perjuicio no solo para los afectados, sino para la calidad de los servicios públicos.
«NO ES IDEOLOGÍA, SINO CUMPLIMIENTO DE LA LEY»
Los representantes de STEPA y CATA han subrayado el hecho de que los apoyos recibidos provengan de todo el espectro político como muestra de que sus demandas «no son un tema de ideologías sino de Justicia y cumplimiento de la ley», y ha incidido en que la Ley 20/2021 es una norma de obligado cumplimiento, que el Gobierno de Aragón ha vulnerado «ocultando la identificación de las plazas y publicando un escaso 10% de las que deben ofrecerse de forma extraordinaria», lo que puede suponer reclamaciones judiciales y podrá generar cuantiosas sanciones que deberán ser asumidas «por todos» con las arcas públicas.
Así, los sindicatos han resaltado el «cambio marcado por la nueva dirección del PAR, que rompe con la posición mantenida hasta ahora por el Ejecutivo cuatripartito«, y lamentan «el silencio del resto de partidos del actual Gobierno, frente al claro incumplimiento de la Ley«. «Nos parece una incoherencia que tanto PSOE como Podemos impulsaron y votaron en las Cortes Generales esta ley mientras en Aragón juegan a sortearla».
STEPA y CATA, como nuevos miembros de la mesa sectorial de Administración General se comprometen a velar por el empleo público estable y de calidad como modelo para el sector privado. No puede ser que no exista una inspección de trabajo a la que acudir ante los abusos en la contratación, ni que exista sanción alguna a las administraciones abusadoras. En definitiva, no puede ser que hoy siga vigente el despido libre y gratuito en las administraciones públicas.
