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martes, diciembre 6, 2022
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STEPA asegura que el despido indiscriminado de los funcionarios demuestra el empecinamiento de la DGA por «saltarse a la torera» la Ley estatal 

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«El Gobierno de Aragón se ha puesto al margen de la ley con su persistente negativa a cumplir con la Ley 20/21 para la reducción de la temporalidad en las Administraciones Públicas y la total falta de transparencia con la que intenta ocultar su forma de actuar. Así ha desobedecido sus propias leyes y las del Gobierno central, al Consejo de Transparencia y al Justicia de Aragón», denuncia el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA).

La conocida como Ley de Interinos obliga a todas las administraciones a estabilizar las plazas ocupadas por los trabajadores en abuso de temporalidad en una oferta de empleo extraordinaria. Establecía el 1 de junio como fecha límite para dar a conocer la relación de puestos sujetos a este sistema.

Según STEPA deberían haberse convocado más de 4.000 plazas en la Administración General (sin contar Sanidad y Educación) cifra que concuerda con las 4.089 plazas que según el director general de la Función Pública «están disponibles por estar vacantes u ocupadas por personal interino (funcionarios) o temporal (laborales) y no existir reserva de plaza». Sin embargo se han ofertado 571 plazas, apenas el 15%.

Este ridículo porcentaje se ha mantenido para toda la Administración del Gobierno de Aragón, donde han ofertado 2.552 plazas de las 17.000 plazas que según STEPA deberían haberse convocado por estar ocupadas por empleados públicos con más de tres años encadenando contratos temporales (interinos funcionarios, estatutarios y laborales en fraude de ley).

Esto supone que el Ejecutivo de Javier Lambán «se está saltando a la torera una Ley impulsada por el Gobierno central de su mismo partido». Pero, además, demuestra una total falta de transparencia al no justificar siquiera, según el sindicato, este «flagrante incumplimiento».

Así, el director general de Función Pública, Esteban Del Ruste, no ha facilitado la documentación que el sindicato le ha requerido, pese a contar con más de un 20% de representación funcionarial. Nada se sabe tampoco de las actas de la Mesa de Administración General donde se aprobó la oferta de plazas –pactada con los sindicatos UGT, CCOO Y CSIF-, ni de los informes jurídicos en los que supuestamente se ha basado el Decreto o ni siquiera del listado de los trabajadores autonómicos con su antigüedad, «que  son fáciles de obtener y no genera ningún problema con la protección de datos». STEPA ha requerido estos datos a través de distintas vías, todas sin resultado.

Al no haber obtenido respuesta, incumpliendo la Ley de Transparencia y Participación de Aragón, se ha reclamado al Consejo Aragonés de Transparencia. Cabe recordar que este órgano sigue sin estructura de personal fija a los seis años de su constitución y el Gobierno de Javier Lambán ya ha desoído en otros casos sus resoluciones.

Ha sido necesario que por segunda vez el Justicia de Aragón requiera información al Departamento de Hacienda y Función Pública «recordándole su obligación legal de colaborar» por la queja presentada a instancia de  STEPA,  para que envíe la documentación. Y de momento, solo ha remitido un escrito, sin aportar nuevamente ni los informes jurídicos ni las actas de la mesa de negociación.

Finalmente, el sindicato ha probado a obtener la información vía parlamentaria, impulsando una pregunta presentada en las Cortes de Aragón por el representante de Izquierda Unida, que igualmente sigue sin dar contestación a lo solicitado.

EMPECINAMIENTO PERSONAL CONTRA LOS INTERINOS

STEPA resalta que todos estos hechos y la completa falta de argumentos jurídicos demuestran repetidamente que el Gobierno de Aragón no tiene ninguna voluntad de cumplir con la Ley que obliga a estabilizar a los funcionarios temporales y solo los Tribunales, donde también ha recurrido, pueden impedir que esta norma acabe como papel mojado.

La razón de esta situación es, para el sindicato, el empecinamiento personal de algunos responsables políticos de la Comunidad, como demostró Esteban del Ruste en marzo, cuando declaró en una comparecencia en las Cortes que la fórmula legal del concurso de méritos le «repugna mentalmente».

Según STEPA, no solo no se están respetando los derechos de los trabajadores temporales abusados y perjudicando a los ciudadanos al despedir a empleados con décadas de experiencia, sino que tampoco se va a reducir la temporalidad al nivel del 8% en 2024 –en la actualidad en Aragón está en casi el 50%, según los últimos datos oficiales-, como exigió la Unión Europea para conceder a España los fondos europeos de recuperación postcovid.

STEPA recalca que mientras se sigue despidiendo a temporales,en Administración General hay además un 8% de plazas vacantes sin cubrir, un total de 928, y también el director general ha reconocido el problema del envejecimiento de la plantilla de la Administración aragonesa, donde casi la mitad de trabajadores supera los 55 años. Estas cifras demuestran que la estabilización de los trabajadores temporales no impediría para nada el acceso a nuevos funcionarios: «En la Administración aragonesa cabemos todos».

El total de trabajadores de la DGA ascendía en diciembre de 2021 ascendía a 58.057 personas (28.832 fijas y 28.225 temporales, el 48,6%), según los últimos datos oficiales del Gobierno aragonés. En la convocatoria extraordinaria se han incluido solo 2.552 plazas y sumando las 5.500 de convocatorias anteriores y de la ordinaria de 2022, «seguirá habiendo casi 20.000 temporales, es decir no bajará la tasa de temporalidad ni siquiera al 25%».

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