Izquierda Unida ha solicitado información a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, sobre la aplicación de la ley de pobreza energética de Aragón. Desde el inicio de la crisis en 2008, cada vez más personas se han visto incapaces de hacer frente a sus facturas domésticas de energía, lo que ha derivado en una situación creciente de pobreza energética en Aragón. Los datos del estudio ‘La pobreza energética en España: aproximación desde una perspectiva de ingresos’, arrojan que Aragón está por encima de la media nacional ya que un 8,6% de las y los aragoneses vive en situación de pobreza energética, frente al 8,3% del conjunto del Estado, y destina de media 1.267 euros al pago de gastos de energía, 168 euros más que la media española.
Desde IU recuerdan que la ley de reducción de la pobreza energética de Aragón reconoce al legislador autonómico el desarrollo de medidas asistenciales consistentes en prestaciones económicas tendentes a evitar la interrupción del suministro de electricidad y gas a las personas vulnerables. Cabe destacar que los hogares de rentas más bajas gastan un tercio menos en energía que los de mayor capacidad adquisitiva, pero tienen que hacer un esfuerzo cuatro veces mayor para poder hacer frente a sus facturas de energía doméstica.
En este sentido, el portavoz de IU en las Cortes y Coordinador autonómico, Álvaro Sanz, insiste en la importancia de incorporar empresas suministradoras a la prevención de la pobreza energética, al establecer obligaciones de información al consumidor sobre la existencia de estas ayudas, así como deberes de abstención durante su tramitación que asegure la efectividad de las ayudas.