La Diputación de Zaragoza va a reabrir los plazos administrativos del plan unificado de subvenciones (PLUS) 2020 para que los municipios de la provincia puedan empezar a recibir cuanto antes los fondos de este año. El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, ha firmado un decreto en el que resuelve retomar la tramitación del principal programa de ayudas de la institución (dotado con 50 millones de euros) acogiéndose a una excepción prevista en el real decreto de declaración del estado de alarma para aquellos casos en los que la suspensión de los plazos administrativos suponga «perjuicios graves» a los interesados (en este caso, a los ayuntamientos zaragozanos).
Esta medida va a permitir reanudar el plazo de alegaciones a la aprobación del PLUS 2020, que se paralizó tras la declaración del estado de alarma cuando solo faltaba un día para que se cerrase. Una vez terminado el periodo de exposición pública, el plan unificado de subvenciones tendrá que aprobarse definitivamente en un pleno que se celebrará a finales de este mes.
«Tal y como van evolucionando los acontecimiento, parece claro que la suspensión de los plazos administrativos decretada por el Gobierno central dentro de la declaración del estado de alarma abocaba a los ayuntamientos a no poder empezar a recibir el dinero del PLUS 2020 como mínimo hasta junio», destaca el presidente. «Teniendo en cuenta que solo el primer pago ya son 11 millones de euros, ese retraso supondría un golpe muy importante para las arcas municipales, por eso hemos decidido levantar esa suspensión basándonos en una excepción que el propio Gobierno central introdujo unos días después de la declaración del estado de alarma».
En ese sentido, Sánchez Quero recuerda que prácticamente la mitad de los 50 millones de euros del plan unificado de subvenciones van destinados a servicios básicos municipales como la pavimentación de calles, el abastecimiento, el saneamiento, la seguridad ciudadana o el alumbrado público. «Como el PLUS no se puede aprobar por partes, es evidente que esta reanudación de sus plazos de tramitación está más que justificada porque va a evitar un grave perjuicio para los ayuntamientos», subraya.