El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivivenda, José Luis Soro, y la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa, han presentado hoy la convocatoria de ayudas para minimizar el impacto económico y social de la Covid19 en los alquileres de vivienda habitual. Una convocatoria que se publica hoy en el BOA y que va destinada, tal y como señala el consejero Soro “a las personas que se han visto afectadas por las consecuencias económicas de la Covid19 y que cumplen con el concepto de vulnerabilidad económica que se regula en el Real Decreto- Ley 11/2020”. Tal y como ha señalado el consejero “personas que, de la noche a la mañana, han sufrido un revés en su economía personal y para quienes queremos que el pago del alquiler de la vivienda no sea una de sus preocupaciones en estos momentos”.
Se destinarán un total de 3.8 millones de euros provenientes del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y a esta cifra se le sumarán hasta 2,6 millones de euros del Gobierno de Aragón para poder atender a un número mayor de solicitudes. Se estima que las ayudas podrán alcanzar hasta las 1.800 solicitudes “una previsión de máximos ya que contamos con que todas las solicitudes recibiesen el máximo posible y durante todos los meses” ha puntualizado Soro.
José Luis Soro ha explicado que “estas ayudas están pensadas para personas que, en este momento puntual, han visto disminuidos sus ingresos como consecuencia del impacto económico y social del COVID y tengan problemas transitorios para atender el pago del alquiler: que estén en desempleo, afectados por un ERTE o, en caso de ser empresarios, hayan sufrido una pérdida sustancial de ingresos”.
Una de las peculiaridades de esta convocatoria es que se trata “de una convocatoria rápida a la hora de reconocer el derecho a percibir la ayuda, y en la que pedimos, igualmente, el compromiso de los solicitantes para que, presentando toda la documentación de manera correcta, podamos empezar a pagar las ayudas en el mes de julio”.
Es muy importante presentar bien la documentación, por eso desde mañana martes se habilitará un teléfono especial para las consultas relacionadas con esta convocatoria. Las consultas se atenderá a partir de mañana en el 976 360711. A partir del jueves 18 se podrá empezar a pedir cita previa, a través de la web del Gobierno de Aragón, para la atención en el espacio creado especialmente para esta convocatoria en el edificio del Gobiernode Aragón situado en la plaza San Pedro Nolasco y, las solicitudes, se podrán depositar a partir del 22 de junio y hasta el 30 de septiembre.
Estas ayudas COVID al alquiler parten del Plan de Vivienda 2018-2021, un programa cofinanciado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, y se unen a otras medidas como la moratoria en el pago del alquiler para las viviendas patrimoniales del Gobierno de Aragón o la creación de una línea de préstamos sin gastos ni intereses para hacer frente a los pagos del alquiler. Las personas que no puedan acceder a estos créditos, o que no puedan pagarlos, podrán acceder a las ayudas al alquiler que presentamos hoy.
El Gobierno central ha destinado en total 100 millones de euros para este nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. De esa cantidad, Aragón recibirá 3,8 millones de euros.
Ante la previsión de que esta cifra sea insuficiente, desde el Gobierno de Aragón hemos decidido aumentar su dotación en 2,6 millones de euros más para completar la convocatoria. «De este modo, destinaremos 6,4 millones de euros a las ayudas que se publican hoy” ha señalado Soro.
En cuanto a la cuantía de las ayudas, se abonará hasta el 100% de la renta por un plazo de hasta 6 meses, entre abril y septiembre, y con un máximo de 600 euros mensuales en función de los tramos por localidades que establece la convocatoria (hay localidades con un máximo de 600 euros, y otras de hasta 500, 400 o 300, atendiendo al alquiler medio). En determinados casos (como familias numerosas en localidades del tramo máximo superior), se pueden aumentar hasta 900 euros.
Para la petición de las ayudas se tendrán en cuenta los ingresos de la unidad familiar y, en el caso de no ser familia, se computarán todos los miembros que figuren en el contrato de alquiler.
Las personas que hayan sido víctimas de violencia machista durante el estado de alarma, tendrán prioridad en la adjudicación de las ayudas. Además, para las mujeres víctimas de violencia machista, se pagará también alquiler en el caso de que el alquiler sea de una habitación en lugar de una vivienda completa.
Por su parte, la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa, ha detallado algunas de los detalles “de esta convocatoria con la que esperamos dar una respuesta rápida a una necesidad puntual”.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas las personas obligadas a pagar el alquiler pese a estar en situación de desempleo, ERTE o reducción de jornada por motivos de la crisis sanitaria. O en el caso de empresarios/as, aquellas personas que han visto una pérdida sustancial en los ingresos. En estos casos deberán cumplir los siguientes requisitos:
- 1. El límite de ingresos en la unidad familiar será de 1.613 euros, lo que supone tres veces el IPREM. Este límite se incrementará en el caso de familias monoparentales, con obligaciones por cuidado de hijos o personas mayores o dependientes. También se incrementa el límite en personas con discapacidad que deban hacer frente a la renta.
- 2. Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte igual o superior al 35% de los ingresos netos que percibe la unidad familiar.
- 3. No tendrán derecho a esta ayuda las personas que sean titulares de una vivienda en España aunque se excepciona de estos casos a aquellas personas que acrediten que no tienen acceso a la misma.
Tal y como ha señalado la directora general de Vivienda y Rehabilitación “apostamos por un proceso de presentación de la documentación simplificada para que se pueda presentar todo más rápido”. En general, las personas solicitantes contarán con la documentación en su poder y, además, podrán autorizar al Gobierno de Aragón el acceso a otras informaciones de las que ya dispone la Administración de manera que el proceso sea más ágil”.