Los miembros de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes de Aragón procederán al debate y votación, a partir de las 9:30 horas, de una moción y dos proposiciones no de ley firmadas por los grupos parlamentarios PP y Ciudadanos en torno a cuestiones como la gestión de los servicios sociales, las medidas relativas a personas con discapacidad intelectual respecto a la COVID-19 y el refuerzo en materia de igualdad.
En primer lugar, desde el PP presentarán un texto de impulso dirigido a instar al Ejecutivo a “establecer un proceso de información, coordinación y asesoramiento con las entidades del tercer sector para acompañarlas en la elaboración y presentación de proyectos innovadores” con el objetivo de captar fondos a cargo del Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la Unión Europea.
A continuación, también por parte del PP, se debatirá y votará una iniciativa que pretende establecer un “protocolo específico con las medidas de flexibilización en el ámbito de ámbito de la desescalada de centros residenciales y de día para personas con discapacidad intelectual”, “sacar una línea de ayudas para paliar los gastos extraordinarios derivados de la COVID-19” y “diseñar e implementar un programa específico para combatir las consecuencias mentales que la pandemia ha provocado en las personas con discapacidad intelectual y en sus cuidadores”.
Por último, Ciudadanos propondrá “impulsar medidas para fortalecer lo establecido en la Agenda Europea por la Igualdad, reforzando recursos por parte del Gobierno de Aragón dirigidos a las políticas de igualdad, conciliación, corresponsabilidad y familias”, así como “reconocer como servicios esenciales todas las actividades y ocupaciones relacionadas con los cuidados”.
La agenda del día también incluye la celebración de la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, a partir de las 16:00 horas, donde se debatirán dos iniciativas. El grupo parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presentará una proposición no de ley destinada a crear un plan para la rehabilitación de viviendas en municipios de menos de 2.000 habitantes para la recuperación de inmuebles en desuso que sean de propiedad municipal. El objetivo del texto, además, es que, mediante la cesión del inmueble a la Consejería, “sea destinado a alquiler asequible”, principalmente para jóvenes, “en aras de fijar población en el mundo rural”.
