“Olona está obligado a poner orden en el conflicto del operativo de incendios. Estos enfrentamientos sólo originan inseguridad y no favorecen la eficacia en la lucha contra los incendios forestales”, alertó esta mañana el diputado autonómico oscense del Partido Popular, Antonio Romero, que reclamó al titular del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente “poner cordura en la gestión, diálogo con los afectados y priorizar el interés general de los aragoneses a los pactos del PSOE con Podemos, que se han demostrado perjudiciales para Aragón”.
El aumento de la contestación institucional y social contra los planes del Gobierno autonómico de reducir el número de retenes antiincendios en determinadas áreas de territorio a través de una modificación del actual operativo “debe llevar al Gobierno a frenar ese plan de inmediato” dijo Romero, que desde septiembre del año 2020 lleva alertando de las consecuencias negativas de esta decisión del Ejecutivo y que ahora también denuncian ayuntamientos y comarcas.
Hace once meses que el portavoz popular de Medio Ambiente advirtió al consejero Olona, durante un pleno celebrado en las Cortes de Aragón, del cambio hacia “un modelo donde prima más el interés partidista que el medioambiental, donde se favorece más a los amigos que al propio servicio en detrimento de un operativo de prevención y extinción que es modelo de referencia y ejemplo a nivel estatal por sus excelentes resultados. Y es que parece que Podemos tiene patente de corso con el visto bueno de usted, señor consejero, con el visto bueno del PSOE”.
En aquella intervención el parlamentario del Partido Popular animó al responsable del área de Medio Ambiente a centrarse en “mantener en buen estado determinadas infraestructuras como los puntos de agua, las pistas forestales y las fajas cortafuegos, o la mejora del actual sistema de comunicaciones basado en una red analógica, la renovación del parque de vehículos para el personal que atiende los operativos de prevención y extinción de incendios o el acondicionamiento de los puesto fijos de vigilancia”.
La última llamada de atención del diputado al Gobierno aragonés sobre las repercusiones perjudiciales del nuevo operativo se produjo el pasado mes de junio en la Comisión de Agricultura cuando señaló que “dejar desprotegidas grandes zonas forestales significa aumentar el tiempo de respuesta con el peligro de que lo que ahora son conatos, el 90 % de las actuaciones, se conviertan en incendios o, lo que es peor, en grandes incendios”, a lo que añadió que “el nuevo modelo de prevención y extinción de incendios forestales que tiene previsto implantar el Gobierno de Aragón significará una mayor dependencia del agua para el control inicial de los focos”.
Finalmente, Antonio Romero reivindicó el actual modelo aragonés de prevención y extinción de incendios forestales, “su eficacia y eficiencia frente a otras comunidades autónomas, que ya optaron por cambiar sus operativos, que llegaron a cuadriplicar el coste medio por hectárea sin que en esos territorios se hayan mejorado las cifras del número de incendios ni de la superficie afectada o el de los tratamientos silvícolas ejecutados”.
