IU ha presentado una serie de alegaciones a la modificación de las órdenes que regulan las prestaciones y el procedimiento de la dependencia que ha salido a exposición pública. El Coordinador General y diputado de IU Aragón en las Cortes, Álvaro Sanz, asegura que las modificaciones propuestas «se centran fundamentalmente en definir copagos y profundizar en la concertación de servicios a través de las prestaciones vinculadas a servicio que generan desigualdades entre las personas usuarias de la dependencia».
La formación considera que la atención a la dependencia y lo acontecido en las residencias durante la pandemia ha revelado «la necesidad de un mayor compromiso de la administración para garantizar un sistema público».
Si bien la modificación de esta norma pretende revertir recortes que llevó a cabo el PP en el 2012, como las incompatibilidades entre prestaciones o la suspensión de la prestación de cuidados en el entorno familiar, IU advierte que es el momento «de ir más allá y utilizar los recursos disponibles para caminar hacia un nuevo modelo de cuidados, un sistema único, público y justo que mejore las condiciones mínimas de las residencias que deberían aumentar sus plazas públicas y abordar un modelo más integral de la ayuda a domicilio».
«En un contexto en el que se está mejorando la financiación de la dependencia y hay un gran debate ciudadano y científico sobre el nuevo modelo de residencias, deberíamos virar hacia un sistema de atención a la dependencia más integral, centrado en la persona y coordinado entre los servicios que permita que las personas mayores continúen en su entorno en condiciones dignas», apunta Sanz.
Las alegaciones de IU inciden en integrar las necesidades de las personas cuidadoras «para que puedan seguir cuidando a las personas en su entorno de cercanía y en condiciones dignas». Proponen, además, la regulación del coste de referencia de los servicios «para evitar que beneficiarios y entidades asuman costes que debería asumir la administración», o que en todos los copagos de servicios se contemple la situación económica de la persona beneficiaria. Para evitar los problemas generados por la implantación de la gestión informática, IU cree que es necesario «regular compromisos para su actualización y mejora».
Otro punto a alegar para IU es la defensa de la participación de las entidades locales en la gestión del sistema. Desde IU ya denunciaron que se había modificado la gestión del impulso de la teleasistencia avanzada o personalizada para «delegarla en el tercer sector». Criticaron así que se eliminara cualquier opción a la participación de las entidades locales, generando un sistema paralelo en vez de favorecer un sistema único con capacidad de generar sinergias con atención primaria y otros recursos públicos.
«Nos negamos a que, en la sustitución de la teleasistencia básica por la teleasistencia avanzada, se deje fuera a las entidades locales, las únicas con capacidad de garantizar cobertura en todo el territorio», recalca Sanz.
El diputado se muestra «preocupado» porque estas cuestiones «no se están abordando y la actuación del Gobierno se esté centrando en abrir más vías a la concertación y definir cuantías de las que veremos su aplicación final».
