Tras la reducción de 31 millones de euros este 2023, la deuda municipal ahora es de 603 millones de euros.
El ratio de deuda viva actualmente ronda el 77%, este indicador, que en 2019 era del 116%, resulta determinante ya que condiciona la capacidad de Zaragoza para acceder a operaciones de financiación a largo plazo. Al estar por encima del 75%, el Ayuntamiento está sujeto a la tutela financiera del Gobierno de Aragón, que debe autorizar de manera previa cualquier operación de este tipo.
La previsión del Área de Hacienda y Fondos Europeos es rebajar en 2024 ese umbral del 75%, ya que durante este año el Ayuntamiento seguirá avanzando en su proceso para aliviar la carga financiera.
Sin embargo de lo que comentó la consejera de hacienda el miércoles en la presentación de esta reducción, lo más interesante no es la reducción de la deuda (que también), sino la refinanciación de los préstamos que había firmado el gobierno socialista con unos intereses de casi el 10%, y un coste de ruptura de 24 millones.
El equipo de gobierno actual ha refinanciado gran parte de los prestamos para tener unas mejores condiciones, y unos intereses más bajos, sin embargo hay 2 prestamos en concreto que tienen una cláusula en la que si se decide romper el contrato y llevarse la deuda a otra entidad bancaria habría que pagar «una multa» de 24 millones de euros.
La consejera de Vox en el ayuntamiento Zaragozano Eva Torres, ha criticado en los micrófonos de Ebro FM la gestión económica de la izquierda cuando estuvo en el gobierno municipal.
«Quedan 2 prestamos con unas condiciones que lastran los presupuestos de la ciudad». «Los consejeros tienen que revisar, repasar y analizar lo que se firma en sus consejerías. La persona que firmó esos préstamos tendría que haber visto que era algo que iba a perjudicar muchísimo al ayuntamiento». «Al gobierno municipal le queda mucho trabajo por hacer en esta materia para soluciona la herencia de los gobiernos de izquierda»
Cuando se gestiona dinero público hay que ser precavido por dos, y prestar especial atención a la seguridad financiera, ya que la deuda reduce la capacidad de inversión de las administraciones públicas, algo que repercute negativamente a los ciudadanos.