El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha solicitado este martes al juez que revise las condiciones de seguridad en las instalaciones de Caneto, luego de que un incendio ocurrido el pasado viernes, 13 de diciembre, dejara inutilizable uno de los espacios utilizados como aula. La consejera Tomasa Hernández y el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, explicaron la situación en una rueda de prensa y remarcaron la necesidad de cumplir con las exigencias del Código Técnico de la Edificación para proteger a profesores y alumnos.
El incendio ha puesto en evidencia las carencias en los sistemas de seguridad del centro. Según Educación, las instalaciones siguen funcionando gracias a unas medidas cautelares aprobadas en abril, que incluían la obligación de legalizar el sistema de calefacción en un plazo de dos meses y acreditar la resistencia al fuego de los elementos estructurales durante el verano.
En su informe al tribunal, Educación subraya que el sistema contra incendios es “insuficiente” y detalla que, durante el siniestro, no se activó ninguna alarma, el edificio no cuenta con equipos de detección ni control de fuego, y tampoco se sabe si el aula afectada disponía de medios de evacuación.
“El objetivo principal del Departamento es garantizar la seguridad física de los alumnos, una obligación fundamental para cualquier administración educativa”, señalan desde el Gobierno de Aragón. Además, insisten en que la falta de acción en el pasado no puede condicionar a la administración actual, que está comprometida con cumplir las normas vigentes.
La situación se complica aún más, ya que el proceso para crear un centro educativo en la zona, iniciado en julio, requiere todavía varios meses. Mientras tanto, Educación pide al tribunal que tome medidas urgentes para asegurar que las condiciones de prestación del servicio educativo se mantengan, teniendo en cuenta que el incendio ha alterado el equilibrio que existía tras la resolución cautelar de noviembre.Por ello, Educación insiste en que es “urgente y necesario” que el tribunal exija el cumplimiento riguroso de las medidas de seguridad establecidas. La prioridad, concluyen, es proteger a los profesores, alumnos y demás personal del centro frente a posibles riesgos.
