El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó ayer definitivamente las ordenanzas fiscales para 2025, con la subida del recibo del agua propuesta por el Gobierno municipal del PP, respaldada por los votos de Vox. Esta medida, que afectará a los bolsillos de los zaragozanos, fue una de las claves en las negociaciones entre ambos partidos, que también incluyeron una rebaja en el impuesto de la plusvalía municipal, pasando del 30% al 28%, tal y como exigió Vox. . Sin embargo, más allá de los detalles fiscales, esta aprobación marca el fin de unas intensas negociaciones que se desembocarán en la presentación de los presupuestos del próximo año, que se acercan a los 1.000 millones de euros.
Unos presupuestos expansivos, bien dotados con fondos europeos, gracias a los cuales no hay que olvidarlo se realizan muchos proyectos de inversión. El PP sabe que Vox tiene la llave o el mando a distancia para sacar adelante no sólo las cuentas del consistorio, sino otras cuestiones no menos importantes. Vox tiene dos almas además, una en el Ayuntamiento capitaneada por Julio Calvo, más tendente al diálogo, y otra en las Cortes con Alejandro Nolasco, más vehemente y dura en la negociación.
Las conversaciones entre el PP y Vox han sido más complejas que en años anteriores. Si en 2023, Vox consiguió una modificación de unos 12 millones de euros en el borrador del PP, este año se han incrementado a cerca de 30 millones de euros. El acuerdo se ha logrado después de semanas de reuniones y ajustes, que han contado con la cesión de varios proyectos municipales, algunos de los cuales han reducido sus costes previstos, como la reforma de las riberas del Huerva y el proyecto de Giesa.
A pesar de estos vaivenes, las reuniones entre ambas formaciones continuaron en privado, con el PP trabajando para asegurar el apoyo de Vox en cada aspecto de las ordenanzas fiscales. Otro momento tenso ocurrió cuando Vox amenazó con romper las negociaciones si no se adoptaban sus propuestas antiinmigración, aunque rápidamente aclararon que esta postura solo afectaba a las autonomías y no a los gobiernos municipales. Finalmente, el último escollo se produjo con la operación Romareda, que se resolvió cuando el PP ayudó a reducir la participación del Real Zaragoza en el negocio del nuevo estadio, como exigía.