El Gobierno de Aragón ha aceptado la invitación del Ministerio de Política Territorial para iniciar una negociación sobre la Ley de Energía de Aragón. El objetivo es evitar un posible recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado. Para ello, ambas administraciones han acordado reunirse en una comisión bilateral en la que intentarán alcanzar un consenso sobre los aspectos legales que generan dudas.
La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha explicado que la postura del Ejecutivo autonómico es de diálogo y colaboración. Según ha señalado en rueda de prensa, esta ley es clave para la estrategia energética de la comunidad y se buscará un acuerdo que permita su aplicación sin conflictos legales.
Este proceso de negociación está previsto en la ley orgánica del Tribunal Constitucional como un mecanismo para prevenir disputas entre administraciones. Las conversaciones podrán extenderse hasta el 30 de septiembre de 2025, ya que el plazo para alcanzar un acuerdo es de nueve meses desde la publicación de la ley, que tuvo lugar el 31 de diciembre de 2024.
El Ministerio de Política Territorial ha expresado ciertas discrepancias con 24 artículos de la norma, lo que ha generado dudas sobre su constitucionalidad. A pesar de ello, el Gobierno de Aragón confía en que se podrá llegar a un entendimiento con el Estado, ya sea mediante una interpretación conjunta de los artículos cuestionados o, si fuera necesario, con modificaciones en el texto legal para ajustarlo mejor al marco constitucional.
Entre los puntos que generan debate están la regulación autonómica del autoconsumo energético, el papel de las mancomunidades de energía y la capacidad del Gobierno de Aragón para adaptar directivas europeas a su normativa. La consejera de Economía ha defendido que es posible combinar el interés del Estado en mantener la unidad del sistema eléctrico con el derecho de Aragón a gestionar sus propias competencias en materia energética.
Si no se alcanza un acuerdo, el Estado podría presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En ese caso, los artículos impugnados quedarían suspendidos automáticamente y la resolución del conflicto podría tardar entre uno y tres años. Sin embargo, desde el Gobierno de Aragón insisten en que hay voluntad de diálogo para evitar este escenario y lograr una solución que respete tanto la normativa estatal como las competencias autonómicas.
