El Gobierno de Aragón ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 2/2025, que regula el reparto de menores extranjeros no acompañados. La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, expuso los fundamentos del recurso en una rueda de prensa, argumentando que esta normativa vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma y los principios de igualdad y solidaridad entre Comunidades Autónomas.
Argumentos del recurso de inconstitucionalidad
La DGA considera que el mecanismo utilizado por el Gobierno central no es el adecuado para regular temas que afectan a los derechos fundamentales de los menores. Según Susín, la regulación debería realizarse mediante una Ley Orgánica. El recurso se acordó el 21 de marzo en el Consejo de Gobierno, y se han presentado acciones previas en el ámbito contencioso-administrativo, incluidas dos impugnaciones hasta la fecha.
Además, el Gobierno de Aragón ha manifestado su desacuerdo con la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que fue cancelada debido a un apagón eléctrico. Este recurso se interpone en dos niveles: en su totalidad y de manera subsidiaria, impugnando varios artículos y disposiciones del RDL por vicios de inconstitucionalidad.
Impacto en la atención a menores migrantes
El recurso destaca que el Decreto Ley impone una reubicación forzosa de menores en situación de vulnerabilidad sin el consenso necesario, afectando las competencias de atención social, educativa y sanitaria de la Comunidad Autónoma. La normativa ignora el modelo de gestión de contingencias migratorias establecido en años anteriores y se basa en acuerdos políticos que no consideran el interés superior del menor.
El Gobierno de Aragón argumenta que el RDL establece criterios que favorecen a Cataluña y no reflejan los esfuerzos realizados en la acogida de menores migrantes. Este recurso se suma a otros presentados para impugnar requerimientos del Ministerio de Juventud e Infancia relacionados con datos de centros de menores en Aragón.
