El Gobierno de Aragón ha enviado un informe a la Fiscalía Provincial de Zaragoza que documenta presuntas irregularidades relacionadas con Lucio Cucalón, alcalde de Aguarón y presidente de la Comarca Campo de Cariñena. Este informe, elaborado por la Dirección General de Administración Local, se basa en las actuaciones del secretario-interventor de Aguarón y en la investigación interna del propio Gobierno.
**Adjudicaciones y gastos cuestionables**
El documento señala que se han adjudicado contratos por un total de 235.000 euros a una empresa con la que Cucalón tiene vínculos personales, lo que representa más del 22% del presupuesto del Ayuntamiento de Aguarón. Entre los contratos mencionados, se incluye uno para la instalación de sistemas de autoconsumo fotovoltaico, que ha sido declarado nulo por el Consejo Consultivo de Aragón debido a irregularidades. Además, se han identificado al menos 21 contratos menores adjudicados sin seguir el procedimiento administrativo adecuado.
El informe también destaca pagos directos a la empresa Electra Aguarón S.L., que han sido realizados sin la debida justificación, así como la existencia de contratos menores que no cumplieron con los requisitos legales de publicidad. La relación de Cucalón con algunos de los socios de esta empresa ha levantado sospechas sobre la transparencia de las adjudicaciones.
**Dietas y gastos no justificados**
El informe también menciona que Cucalón ha cobrado dietas e indemnizaciones por desplazamientos que suman 11.850 euros hasta enero de 2025, además de gastos protocolarios que no han sido debidamente justificados, como comidas por un total de más de 5.000 euros. Muchos de los consejeros comarcales afirman no haber participado en estas reuniones, lo que añade más dudas sobre la legitimidad de estos gastos.
Por otro lado, se han detectado dificultades para ejercer el control administrativo en el Ayuntamiento de Aguarón y la Comarca Campo de Cariñena, debido a la falta de personal en los puestos de Secretaría e Intervención. Esto ha generado inquietudes sobre quién está supervisando los pagos y asegurando que se ajusten a la legalidad. El informe también menciona facturas por asesoramiento jurídico que parecen exceder lo permitido por los contratos menores, lo que podría constituir otra irregularidad administrativa.
