El Gobierno de Aragón ha resuelto uno de los desafíos que enfrentaba en el ámbito de la vivienda desde su llegada al Pignatelli en agosto pasado. La suspensión de trabajos por parte de la UTE adjudicataria de la primera fase de las obras de viviendas públicas de alquiler social en el antiguo cuartel de La Merced en Huesca generó preocupación debido a una modificación en el proyecto que conllevaba costos adicionales.
El Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística ha trabajado arduamente en las últimas semanas para llegar a un acuerdo con la UTE. La modificación del proyecto, que incluye la construcción de 27 viviendas, 90 garajes y 88 trasteros, se ha resuelto con un aumento del 13% respecto al proyecto inicial, alcanzando un total de 5,7 millones de euros.
El acuerdo ha recibido la aprobación unánime de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón. Este logro demuestra el compromiso del Gobierno de Aragón con la resolución de los desafíos en el sector de la vivienda y la voluntad de colaborar con los actores involucrados.
Aunque la ejecución de la primera fase experimentará un retraso de aproximadamente tres meses, con la entrega de las 27 viviendas programada para diciembre de 2024, el Gobierno de Aragón ha reiterado su compromiso con las fases 2 y 3 del proyecto. La intención es avanzar en la ampliación del parque de viviendas públicas en Huesca, cumpliendo así con la prioridad de proporcionar opciones de vivienda asequible en la ciudad.
A pesar de los contratiempos iniciales, el Gobierno de Aragón mantiene su firme compromiso de llevar a cabo estas fases adicionales, ya sea mediante la vía de adjudicación utilizada en la primera fase o a través de programas específicos del Departamento para impulsar la vivienda protegida en la región. El objetivo final es convertir las 88 viviendas proyectadas en una realidad beneficiosa para los residentes de Huesca.
