La situación de los secretarios-interventores en los ayuntamientos de Aragón ha generado una gran preocupación en el Gobierno autonómico. Actualmente, de las 566 plazas disponibles en las entidades locales de la comunidad, un 48% están ocupadas por funcionarios interinos. Esto significa que 272 plazas están cubiertas de manera temporal, lo que pone en riesgo la estabilidad administrativa de muchos municipios.
Alta tasa de interinidad en Aragón
Los datos revelan que la tasa de interinidad varía significativamente entre las provincias aragonesas. En Zaragoza, más del 34% de las plazas están ocupadas por interinos. En Huesca, esta cifra asciende al 45%, mientras que en Teruel la situación es aún más crítica, con una tasa de interinidad cercana al 77%. Esta elevada dependencia de funcionarios interinos plantea un desafío para la gestión pública, especialmente en los municipios más pequeños y rurales.
El problema se agrava debido a que la convocatoria de estabilización de los funcionarios interinos, que debería estar liderada por el Estado, aún no se ha completado. La Ley 20/2021, aprobada el 28 de diciembre, fue diseñada para reducir la temporalidad en el sector público, pero su implementación ha sido insuficiente. Esto ha llevado a que muchos interinos, que han ejercido sus funciones durante años o incluso décadas, se enfrenten a la incertidumbre de perder sus puestos de trabajo.
Consecuencias para los municipios
La falta de una solución efectiva por parte del Ministerio de Política Territorial podría resultar en la salida de estos profesionales, lo que dejaría a muchos pueblos sin secretarios. Esto no solo afectaría la gestión diaria de los ayuntamientos, sino que también podría obligar a las administraciones locales a afrontar costosas indemnizaciones por despidos.
Marina Sevilla, directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, ha expresado su preocupación por la gestión del proceso de estabilización. Según Sevilla, el ministerio, bajo la dirección de Ángel Víctor Torres, está llevando a cabo un proceso ineficiente y mal gestionado. Ha señalado que el número de plazas ofertadas es claramente insuficiente y que los plazos establecidos por la ley no se están cumpliendo.
Para abordar esta situación, el Gobierno de Aragón ha tomado la iniciativa de crear una bolsa de secretarios, interventores y tesoreros interinos. Este esfuerzo busca garantizar que, en aquellos lugares donde el Estado no pueda proporcionar funcionarios, haya profesionales locales disponibles para cubrir las vacantes. Sevilla ha subrayado la importancia de esta medida, especialmente para los pequeños ayuntamientos que dependen de estos funcionarios para su funcionamiento diario.
Hoy, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, se ha llevado a cabo una convocatoria de examen en la que han participado 400 aspirantes. El objetivo es ampliar la bolsa de interinos de habilitados nacionales en la administración local. Sevilla ha comentado que esta acción es necesaria debido a la escasa oferta pública que ha presentado el Estado, lo que pone en riesgo la estabilidad de muchos ayuntamientos aragoneses.
El proceso de selección realizado por el Gobierno de Aragón busca asegurar que los municipios cuenten con profesionales capacitados y comprometidos que puedan asumir estas responsabilidades. La creación de esta bolsa es un paso hacia adelante para mitigar la crisis de interinidad que afecta a la administración local en la región.
A medida que se desarrollan estos acontecimientos, la situación de los secretarios-interventores en Aragón sigue siendo un tema de gran relevancia. La falta de acción por parte del Gobierno central podría tener consecuencias duraderas en la gestión pública de los municipios, especialmente en aquellos que ya enfrentan desafíos significativos debido a su tamaño y recursos limitados.
