En la mañana de este jueves, la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, participó en una reunión del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Madrid. Durante este encuentro, Susín planteó la necesidad de que el Gobierno de España escuche a las Comunidades Autónomas y cumpla con la financiación que les corresponde por ley.
Reclamaciones de Financiación
Carmen Susín destacó que es fundamental que el Gobierno central presente una “memoria económica real y suficiente” que acompañe el Anteproyecto de Ley de atención a personas dependientes que se está preparando. La consejera subrayó que, si la reforma no incluye una mejora en la financiación, podría convertirse en un nuevo ejemplo de “derechos de papel”.
La situación actual revela que el Estado no está cumpliendo con más del 50% de la financiación que le corresponde en materia de dependencia. Según Susín, las Comunidades Autónomas, incluido Aragón, están asumiendo la mayor parte de los costos asociados a las prestaciones y servicios del sistema de atención a la dependencia.
Datos de Financiación en Aragón
Los datos más recientes indican que en 2023, el gasto total de Aragón en el sistema público de atención a la dependencia alcanzó los 291.785.487,78 euros. De esta cifra, la aportación del Estado fue de 98.285.128,24 euros, lo que representa solo el 33,68% del total. Esto implica que la Comunidad Autónoma ha financiado el 66,32% restante, es decir, más de tres de cada cinco euros necesarios para sostener el SAAD en la región.
La situación es preocupante, ya que el Real Decreto 675/2023, que regula las prestaciones del SAAD, se implementó sin la financiación adecuada. Las Comunidades Autónomas han tenido que asumir el costo de nuevas iniciativas y la mejora de las condiciones de acceso a la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), que ya está en vigor en Aragón.
La Gestión de Recursos y sus Consecuencias
El nivel de financiación acordado, que ha estado congelado desde 2023, ha sido un tema recurrente en las discusiones. El Estado ha vinculado este nivel a ciertos objetivos que, de no cumplirse, penalizan a las Comunidades Autónomas. Aunque Aragón ha logrado un incremento en el nivel acordado hasta 39,9 millones en 2024, esto se debe a su gestión eficiente de los recursos, lo que a su vez ha permitido recuperar inversiones que se habían recortado en años anteriores.
Sin embargo, la paradoja radica en que las Comunidades Autónomas que cumplen con los objetivos se ven penalizadas en su capacidad de financiación cada vez que se mejoran las prestaciones y servicios. Este ciclo crea una presión adicional sobre las finanzas de las regiones que intentan ofrecer un servicio adecuado a las personas dependientes.
Acuerdos del Consejo Territorial
Durante la reunión del Consejo Territorial, también se discutieron criterios de distribución territorial y las cuantías para financiar en 2025 diversos programas, como el de protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Sin embargo, la preocupación principal de Aragón sigue siendo la falta de recursos suficientes por parte del Gobierno central para garantizar la viabilidad del sistema público de dependencia.
Carmen Susín expresó su inquietud sobre cómo el Gobierno de España está amenazando la sostenibilidad del sistema de dependencia al negarse a cofinanciarlo adecuadamente. La consejera enfatizó que las Comunidades Autónomas que están cumpliendo con sus responsabilidades se están viendo asfixiadas por la falta de apoyo financiero.
En este contexto, la postura de Aragón en el Consejo Territorial ha sido clara: se necesita un compromiso real por parte del Estado para que la Ley de dependencia no se convierta en un mero documento sin respaldo financiero. La situación actual plantea un reto significativo para el sistema de atención a la dependencia, que depende en gran medida de la colaboración entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas.
