El Gobierno de Aragón ha hecho un llamado al Ejecutivo español para que cumpla con sus obligaciones en la atención a la infancia vulnerable. En 2024, la Comunidad Autónoma atendió a 1.804 niños, adolescentes y jóvenes, tanto españoles como extranjeros, incluyendo a menores no acompañados. Actualmente, no hay ningún niño menor de seis años en centros residenciales en Aragón, según un informe reciente de Nuevo Futuro en colaboración con el Ministerio de Juventud e Infancia.
Atención a menores extranjeros no acompañados
Desde finales de 2023, Aragón ha estado a cargo de todos los menores que llegan a la Comunidad a través del programa de protección internacional, que depende del Gobierno de España. La DGA ha utilizado sus propios recursos para garantizar la atención a estos menores, a pesar de las críticas recibidas por parte de representantes del Gobierno español, quienes han utilizado términos como “crueldad” para referirse a la situación.
El Gobierno de España aún debe responder al Tribunal Supremo sobre la atención a más de mil menores migrantes no acompañados que están bajo la responsabilidad de los servicios de protección de Canarias. Aragón considera que el Real Decreto Ley 2/2025, que impone un reparto de menores migrantes entre las Comunidades Autónomas, es inconstitucional y va en contra de los acuerdos previos sobre la atención a estos jóvenes.
Llamado a la acción del Gobierno de España
El Gobierno de Aragón ha instado al Ejecutivo central a que atienda a más de 40 personas que, a pesar de haber recibido protección internacional, se encuentran en situación de vulnerabilidad en Zaragoza. También se ha solicitado una auditoría sobre las condiciones de atención a las madres con hijos menores en programas de protección internacional.
Además, se hace hincapié en la necesidad de que el Gobierno de España refuerce las oficinas de la Seguridad Social en Zaragoza, que actualmente carecen de personal suficiente para gestionar trámites esenciales. Por último, se requiere claridad sobre la situación de las familias migrantes trabajadoras que podrían verse afectadas por la reciente reforma del Reglamento de Extranjería.
