Aragón ha defendido la necesidad de abordar la crisis migratoria en una Conferencia de Presidentes. Así lo expresó la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, en la XII Conferencia Sectorial de la Inmigración celebrada el lunes.
Susín, junto a la directora general de Inclusión Social y Voluntariado, María Charte, participó en la reunión por videoconferencia. La consejera criticó que el Gobierno de España no quiera negociar propuestas con nadie más allá de sus socios habituales. Lamentó que el borrador del Ministerio sobre la modificación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 fue remitido con muy poco margen para estudiarlo.
“Se están planteando reformas que afectan a las CCAA sin consultarnos”, afirmó Susín. Exigió que se convoque la Conferencia de Presidentes para consensuar una política migratoria de Estado, que aborde el control de fronteras y acciones en los países de origen de los migrantes. Pidió también activar mecanismos europeos en materia de inmigración.
Carmen Susín calificó de “nefasta” la gestión migratoria del Gobierno debido a una falta de planificación y transparencia. Solicitó declarar el estado de emergencia migratoria, criticando la falta de coordinación en la habilitación de recursos de acogida. Señaló que son las entidades del tercer sector las que informan sobre la apertura de nuevos dispositivos en el territorio.
“Sin diálogo con las CCAA y sin recursos económicos y materiales, no será posible construir una política migratoria sólida”, expresó Susín. Criticó la tramitación en el Congreso de un texto que, según ella, se basa en la imposición y desoye las aportaciones de las Comunidades Autónomas. Reclamó una mayor financiación para los programas de inclusión social.
Las CCAA, incluido Aragón, manifestaron que tras finalizar el programa de acogida humanitaria de refugiados de Ucrania, son ellas las que atienden a estos desplazados sin apoyo del Gobierno central.
Sobre los menores no acompañados, Susín destacó el programa 17+ para su transición a la vida adulta, coordinado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Criticó que el plan de respuesta del Gobierno solo financia el primer año de atención de estos menores, asumiendo el resto el Gobierno autonómico.
Susín concluyó que la crisis migratoria debe abordarse como un asunto de Estado y no desde la urgencia de un Gobierno que se niega al diálogo.
