.-El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la distribución a las comunidades autónomas de 200 millones de euros correspondientes al programa de cooperación territorial de impulso a la educación de 0-3 años. En el caso de Aragón, va a suponer una distribución este año de 5.578.688 euros, que permitirán la creación de 606 nuevas plazas de Educación Infantil.
Esta partida, incluida en el Componente 21 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se completará en los años 2022 y 2023 con una inversión total de 670,1 millones para la creación de más de 65.000 plazas públicas y gratuitas. En total, a lo largo de los tres ejercicios, Aragón recibirá 18.520.366 euros, que permitirán la creación de 1.818 nuevas plazas públicas gratuitas de Educación Infantil hasta 2023.
El impulso a la escolarización de 0 a 3 años es una de las principales inversiones educativas del Plan de Recuperación, ya que la participación en esta etapa es uno de los predictores más importantes de la mejora de los resultados y del desempeño educativo futuro de los niños y niñas. Además, disponibilidad y accesibilidad a estas plazas contribuye a la igualdad de oportunidades y la inclusión social.
“Se trata de una medida de gran impacto social porque facilitará a más de 65.000 familias el poder escolarizar a sus hijos desde la primera infancia”, ha subrayado la ministra Pilar Alegría. “Esto aliviará la economía de muchas parejas y les permitirá también reincorporarse antes a la vida laboral activa. Especialmente a las mujeres jóvenes, ya que suele ser sobre las que recae mayoritariamente el cuidado de los hijos”, ha añadido.
Los fondos aprobados hoy por el Gobierno suponen una inversión de 200.790.000 euros, que permitirán la creación de 21.794 plazas de primer ciclo de Infantil, prioritariamente para niños de 1 y 2 años. La partida se completará con la de los años 2022 (331.026.898 euros) y 2023 (134.774.300 euros) y la financiación destinada a Ceuta y Melilla, para un total de 670,1 millones de euros. Fondos que se traducirán en 65.382 nuevas plazas gratuitas de titularidad pública a crear hasta el 15 de septiembre de 2024.
“Es una inversión en bienestar social, en calidad y equidad educativa y en equilibrio territorial, puesto que en su implantación se deberá priorizar el acceso del alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social y la extensión a áreas rurales”, ha señalado la titular de Educación y Formación Profesional.
Fondos para la cualificación de trabajadores
Dentro también del Plan de Recuperación, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la distribución de 87,7 millones de euros para actividades de cualificación y recualificación de la población activa, con especial atención a aquellos sectores con mayor número de personas en ERTE, al sector del cuidado de las personas y a las zonas en riesgo de despoblación. En el caso de Aragón, recibirá un total de 3.216.875,40 millones de euros, de los cuales 1.268.108,50 euros son para zonas en riesgo de despoblación, 348.042,24 euros para el sector del cuidado de las personas y 1.600.724,78 euros para sectores estratégicos.
Los fondos destinados a despoblación y cuidado de las personas, que ascienden a 24,5 millones de euros, permitirán la formación de 44.662 trabajadores o personas en búsqueda de empleo, mientras que los 63,2 millones destinados a sectores estratégicos permitirán la formación de 160.000 más.
Las acciones formativas atenderán prioritariamente a la formación en competencias emergentes, de rápida evolución y con prospectiva en la generación de empleo. Asimismo, atenderán también a la formación en aquellos sectores que, como consecuencia de la previsible evolución de las condiciones económicas y sociales, generarán en el futuro puestos de trabajo.
“La cualificación y recualificación del capital humano de nuestro país es uno de los requisitos indispensables para poder afrontar con éxito la transformación de nuestra economía, para lo que necesitamos trabajadores formados, bien cualificados, que respondan a las necesidades de cada sector productivo”, ha explicado Pilar Alegría.
Regulación de la evaluación, promoción y titulación
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha dado su visto bueno al Real Decreto que regula la evaluación, la promoción y la titulación de las diferentes etapas educativas, cambios que entrarán en vigor en este mismo curso 2021-2022.
El objetivo del decreto es promover una evolución positiva del alumnado, especialmente durante la educación obligatoria, favoreciendo una mayor garantía de aprendizaje para los escolares y manteniendo sus expectativas de lograr una formación tan avanzada como sea posible.
El texto establece que, en las etapas obligatorias (Primaria y ESO), la evaluación de los alumnos y alumnas será continua. La promoción no estará supeditada a un número de materias no superadas, sino que las decisiones sobre el paso de curso y la titulación recaen enteramente en el equipo docente.
En el caso de la Educación Primaria, esta decisión se someterá a consideración al finalizar los cursos segundo, cuarto y sexto, siendo automática la promoción en los demás. En ESO, el equipo docente valorará si la evolución global de un alumno le permite avanzar de curso con expectativas favorables de recuperación de las materias no superadas.
El Real Decreto subraya que la repetición debe ser una medida absolutamente excepcional que solo se tomará tras haber agotado las medidas de refuerzo y apoyo, y siempre y cuando se estime que es lo más adecuado para favorecer el desarrollo del alumno. En cualquier caso, el alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.
“Este sistema de evaluación hace hincapié en la detección temprana de las posibles dificultades, la adopción de medidas de refuerzo tan pronto como se vean necesarias y de medidas de recuperación para asegurar los aprendizajes poco asentados”, ha señalado la ministra.
Por último, se suprimen las convocatorias extraordinarias de junio y/o septiembre, en virtud de lo dictaminado por el Consejo de Estado. La moratoria para la aplicación de esta medida introducida por la ministra en el borrador del Real Decreto ha sido anulada por este órgano consultivo al considerar que no puede establecerse un régimen diferenciado en la programación de cada CCAA.
