La consejera de Bienestar Social y Familia de Aragón, Carmen Susín, ha comparecido ante las Cortes para detallar las medidas adoptadas tras el cierre del centro de menores de Ateca en agosto. El cierre, ordenado judicialmente, se produjo tras varias denuncias sobre el funcionamiento del centro, gestionado por una empresa privada con la que el Gobierno de Aragón mantenía plazas concertadas.
Susín recordó que la gestión del centro fue contratada en 2017 por los anteriores gobiernos, pese a las denuncias y quejas. Explicó que, tras las detenciones de varios trabajadores del centro el 1 de agosto, se procedió a su cierre y a la reubicación urgente de los menores afectados.
El Gobierno de Aragón ha iniciado una investigación interna para analizar posibles fallos en la supervisión y ha abierto un expediente disciplinario al responsable del servicio provincial de tutela de menores. Además, se ha rescindido el contrato con la entidad gestora.
Susín también anunció un plan para reforzar el sistema de protección de menores en Aragón. Este incluye un protocolo contra la «mala praxis» y un registro del personal que trabaja en centros de menores. Además, se revisarán los contratos con las entidades colaboradoras para asegurar su solvencia y el buen funcionamiento de sus centros.
La consejera agradeció la prudencia de algunos grupos parlamentarios y criticó la gestión del anterior gobierno, al que responsabilizó de haber dejado el sistema de protección infantil en una situación precaria.
