Este viernes, el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Ángel Val, participó por videoconferencia en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se abordó la situación de los menores extranjeros no acompañados en Canarias. En esta reunión, el Ministerio de Juventud e Infancia presentó un nuevo proyecto de Real Decreto que busca regular la reubicación de estos jóvenes en situaciones de contingencia migratoria.
Reacciones del Gobierno de Aragón
El Gobierno de Aragón ha presentado alegaciones en contra de este Real Decreto, que se basa en el Real Decreto Ley 2/2025, en el que la Comunidad Autónoma ya había expresado su desacuerdo. Las alegaciones se centran en la posible inconstitucionalidad del decreto, argumentando que invade competencias autonómicas y vulnera derechos fundamentales de los menores y extranjeros en España. La DGA ha señalado que estas normativas incumplen la Constitución y diversas leyes autonómicas.
Durante la reunión, también se discutió la distribución de un crédito de 22 millones de euros destinado a territorios con mayor presión migratoria, como Canarias y Baleares. Aunque Aragón votó a favor de esta medida, se destacó que la cantidad es insuficiente para afrontar la situación actual.
Situación de los menores migrantes en Aragón
El gerente del IASS recordó que la Comunidad Autónoma ha estado asumiendo con recursos propios la atención a los menores migrantes no acompañados, un problema que ha crecido desde finales de 2023. Estos jóvenes llegan a Aragón a menudo camuflados entre adultos en programas de acogida humanitaria o son enviados por sus familias y abandonados en la puerta de los centros de menores.
Aragón ha exigido que el Estado asuma la financiación de la acogida y el proceso de emancipación de estos jóvenes, quienes reciben apoyo a través del Programa 17+, que acompaña a los participantes en su transición a la vida adulta. Actualmente, Aragón atiende a 119 jóvenes ex tutelados bajo este programa, mientras que el Gobierno de España solo financia el primer año de estancia de los menores migrantes no acompañados.
