Aragón-Teruel Existe ha presentado una Proposición de Ley (PNL) con el objetivo de abordar lo que consideran un problema en el sistema de oposiciones para profesores de Secundaria y maestros de Primaria en Aragón. La diputada Pilar Buj, acompañada por Jorge Santafé, responsable de Educación del partido, ha señalado que el reciente proceso de oposiciones ha dejado al descubierto que de las 1.018 plazas ofertadas, 299, es decir, casi un 30%, han quedado desiertas. Según Buj, estos resultados no se deben únicamente a la dificultad de las pruebas, sino a un modelo de acceso que consideran obsoleto y mal gestionado.
Propuestas de reforma del sistema de oposiciones
La PNL incluye cinco medidas para reformar el sistema. La primera es la publicación anticipada de los criterios de evaluación, conocidos como «rúbricas», para que los aspirantes conozcan el temario y los métodos de evaluación antes de presentarse a los exámenes. Se establece un plazo para que estas rúbricas estén disponibles antes de finalizar 2025 para Primaria y antes de junio de 2026 para Secundaria.
En segundo lugar, se propone retrasar las fechas de las convocatorias, que actualmente se realizan en julio o agosto, lo que puede causar problemas de salud como golpes de calor. La iniciativa sugiere que las pruebas se realicen a mediados de octubre y durante los meses de octubre y noviembre, e incluso en diciembre si es necesario. Esto también permitiría a los tribunales contar con más tiempo para evaluar a los candidatos.
Descentralización y medidas de inclusión
Otra de las medidas es la descentralización de las sedes de las pruebas, permitiendo que los aspirantes se presenten en lugares cercanos a sus residencias, como ocurre en otras comunidades autónomas. Santafé ha destacado que esto reduciría los costos y el estrés para los opositores.
La PNL también incluye la introducción de medidas de inclusión para diferentes colectivos, como personas con dislexia y madres lactantes, señalando que Aragón es una de las pocas Comunidades Autónomas sin legislación al respecto. Por último, se propone que los aspirantes tengan acceso a las correcciones de sus exámenes, algo que actualmente no es posible. Esto permitiría a quienes no estén de acuerdo con sus notas presentar reclamaciones informados sobre sus puntuaciones.
Santafé ha expresado su confianza en que el Gobierno de Aragón esté dispuesto a considerar estas reformas, ya que han recibido apoyo de sindicatos y organizaciones de profesores. Aunque la normativa general es del Estado, ha enfatizado que las Comunidades Autónomas tienen la capacidad de implementar estas modificaciones.
