Hay historias que transcurren paralelamente hasta que un obstáculo impuesto en el camino provoca que se tuerzan y acaben cruzándose. Es el caso de Antonio y Julia. Antonio B. tiene 58 años. Ella acaba de superar la barrera de los 50. Julia M. ha dedicado su vida a trabajar como empleada en una cadena de supermercados, en caja y reposición de artículos. Él lleva varios años en la industria, en el sector del metal. Dos personas, dos vidas distintas, pero con un punto –doloroso-, en común: el Instituto Nacional de la Seguridad Social les ha dado la espalda.
Cuando Julia M. acudió al médico, angustiada por fuertes dolores fruto del desplazamiento de columna que le sería diagnosticado después, no imaginó lo que estaba por venir. En diciembre de 2019, solicitó la incapacidad temporal y entró en el interminable y terrible círculo de las listas de espera. Entonces, los pacientes pendientes, con más de seis meses, de una intervención quirúrgica en la especialidad de neurocirugía en Aragón –la suya- ascendían a 454. Hoy, acumula 760 personas. La pandemia no ha ayudado. Ella todavía tiene por delante a 179. No la van a operar, no a corto plazo. Tiene que volver a trabajar. El INSS le dio alta el pasado 20 de mayo. “No adjuntaban el informe médico que justificaba su decisión. No han respondido al recurso que presentamos”, cuenta, lamentando el uso del silencio por parte de la administración como herramienta para la denegación del trámite.
Ahora, con la incapacidad permanente descartada y ante la imposibilidad de pedir una nueva baja, Julia se enfrenta a la vuelta al trabajo en el próximo mes de julio –al menos, le quedaban sus vacaciones-. “El dolor es insoportable, hasta llegar a retorcerme en el suelo. Sólo me calma el fentanilo”. Habla de un opiáceo, peligroso, entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Describe así una agonía que se percibe en el fino hilo de voz con que narra la que ha sido su vida desde hace 18 meses. “He pedido presupuesto en una clínica privada. No puedo vivir así, pero me piden entre 12500 y 15000€”, confiesa. La desesperación y el desgaste emocional no sólo son evidentes, están, además justificados: “Ni siquiera el Justicia de Aragón ha respondido a mi queja. Si esto le hubiera pasado a mi pareja, probablemente estaríamos en la calle”.
Antonio B. se reincorporó a su puesto de trabajo tras vivir durante varios meses de la paga directa de su mutua –el INSS había dejado de pagarle- y someterse a la revisión del inspector médico, el 7 de abril de 2021, después de varias bajas intermitentes –volvió en más de una ocasión-. Se agotó el tiempo. Aquel día, su empresa recibió el informe favorable por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social, informándole del alta. “Ni siquiera esperaron a conocer qué tenía que decir el traumatólogo que me examinó”, clama. Critica, también, el mal trato que recibió: “No tienen educación, no me escucharon”. Antonio sufre de hernias discales y artrosis. Lejos de mejorar, su situación continúa –y continuará- agravándose. A pesar de ello, ni los traumatólogos ni los neurólogos que lo han atendido le recomiendan operarse. Sólo infiltraciones. Tendrá que vivir con ello.
Su empresa lo ha reubicado. Ocupa un puesto “más agradecido”. Aunque en los peores momentos de la pandemia fue uno de los voluntarios a someterse al despido, no se lo permitieron. El problema volvía a ser el mismo: costaba dinero. Antonio seguirá trabajando, le compensa más que el “cansancio y el lastre emocional” del “toma y daca” entre los abogados y la Seguridad Social: “Es humillante. No sé cómo pueden dormir tranquilos”.
Los casos de Julia y Antonio son sólo dos. Dos más entre los cientos que pasan a diario por los despachos de cualquier abogado: “Como estos, todos los que puedan imaginar”, nos confiesa la letrada Marta Lázaro Oliván. Cuando nos detallan el proceso, sabemos que han agotado todas las vías. “Reclamamos la resolución del INSS, demandamos ante el Juzgado de lo Social e interponemos recursos de suplicación. La mayoría quedan en ese limbo”, explica. “Ni siquiera los médicos tienen opción de revertir la situación. Los plazos de incapacidad temporal están regulados por la Ley General de la Seguridad Social. No les queda otra”.
¿Pagan Antonio y Julia por el fraude de otros? ¿Y los demás? Mientras seguimos buscando respuestas –o el INSS rompe su silencio-, ella volverá a su puesto, sin operarse, sin haberse recuperado. El continuará trabajando, como siempre. Hasta que el cuerpo aguante. Porque la Seguridad Social ya no cuida de la sociedad. Porque la salud sólo importa en el discurso. Lo que vale es el dinero. Porque si no, lo próximo es el despido. Porque, entonces, la vida sería menos de lo que ya es ahora.
