El Gobierno de Aragón y la sociedad pública Aragón Plataforma Logística (APL) han presentado hoy sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada el pasado 10 de octubre por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la que se declaró la nulidad del convenio de colaboración entre el Ejecutivo autonómico, APL y la sociedad Cipsa Norte, firmado el 2 de febrero de 2022, así como del Proyecto de Interés General (PIGA) para el desarrollo de la plataforma logística denominada Plaza 4.0.
En los citados recursos, el Gobierno de Aragón y APL plantean que es conforme a derecho utilizar fórmulas de colaboración público-privadas, como es el caso de los convenios de colaboración, para el desarrollo de proyectos de interés general de iniciativa privada, sin que resulte de aplicación el régimen de contratación pública general.
Por otra parte, ambos recursos plantean la posibilidad de permitir a un promotor privado que sea titular de la mayor parte del suelo, como en este caso sucede, la promoción, redacción y ejecución de un proyecto de iniciativa privada calificado de interés autonómico, así como de instrumentalizar su relación con la Administración mediante las referidas técnicas de colaboración público privada.
En cualquier caso, el Gobierno de Aragón se replanteará la evolución del proyecto en función del interés de las empresas implicadas en torno a los plazos previstos de resolución y otras cuestiones que puedan ser de interés público relevante.
