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El Gobierno de Aragón reduce un 38% la factura de la luz en los edificios interdepartamentales gracias al acuerdo marco, que evita fluctuaciones

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El acuerdo marco de homologación de la electricidad, que establece las condiciones generales de los contratos que se suscriban en un plazo determinado con el Gobierno de Aragón y con las 121 entidades locales adheridas, ha evitado que se duplique la factura de la luz en el primer semestre del año en los edificios interdepartamentales de la Comunidad Autónoma.

La opción del acuerdo marco a la hora de cerrar los precios del kilovatio/hora ha blindado el precio de la energía, de manera que las fluctuaciones al alza del precio no han repercutido en estos grandes edificios administrativos.

La proyección realizada de enero a julio con los 15 edificios interdepartamentales en las tres provincias aragonesas constata que en los seis primeros meses del año se ha pagado por el consumo de energía eléctrica 664.604 euros. Si en cambio se hubieran aplicado las tarifas que rigen en la actualidad, la cifra hubiera sido de 1.068.062 euros; es decir un 38% más. Esta cifra es muy cercana a lo que se pagó el año pasado por este concepto, 1.201.720 euros.

Planificación y  prudencia presupuestaria

La reducción de la factura eléctrica y el alivio que supone para las arcas autonómicas se suma a los efectos positivos derivados de la refinanciación de la deuda a largo plazo que ha llevado a cabo el Gobierno de Aragón desde 2020, afectando a 3.200 millones y logrando un ahorro en intereses de casi cien millones de euros.

Esta práctica de sostenibilidad financiera, que genera nueva capacidad de crédito, junto a la existencia de unas cuentas públicas planificadas, realistas y prudentes, permite hacer frente a las diversas contingencias que está generando la superposición de crisis sin recurrir a medidas extraordinarias, que van en detrimento de los proyectos comprometidos por el Gobierno de Aragón

La constatación de que los esfuerzos que se hacen en materia de contratación genera ahorros notables, junto al mantenimiento de los criterios medioambientales del Gobierno de Aragón y a la necesaria sostenibilidad que busca en la gestión de los recursos ha llevado a la Dirección General de Patrimonio y Organización, que dirige Marta Aparicio, a dictar una instrucción con pautas para cumplir las medidas de ahorro y eficiencia energética recogidas en el Real Decreto-ley 14/2022 de 1 de agosto, incluyendo otras disposiciones que permitan optimizar los recursos.

Instrucción para lograr el ahorro energético

De esta manera el Gobierno de Aragón lidera, tal y como establece el RDL las medidas de racionalización en los edificios administrativos, incluyendo los horarios de encendido y apagado de las instalaciones, el control de las condiciones de temperatura y el despliegue de las instalaciones de autoconsumo.

La temperatura de calefacción y refrigeración cumplirán los límites puestos por el Gobierno de España (no inferior a 27 grados en recintos refrigerados y no superior a 19 en recintos calefactados), también en las estancias dotadas con termostatos individuales.

En todos los edificios se avanzará la implementación de aparatos de medida de la humedad relativa del aire

La ventilación de las estancias se racionalizará de forma que la apertura de ventanas no vaya más allá de 15 minutos, como máximo, cada 3 horas con el fin de posibilitar la renovación del aire sin que afecte significativamente a la temperatura de suelo, paredes y del mobiliario que contienen.

Asimismo, las ventanas y puertas de acceso a patios y exteriores se mantendrán cerradas a fin de evitar intercambios de temperatura.

La instrucción de la directora general de Patrimonio y Organización prohíbe la instalación de radiadores eléctricos o sistemas de calefacción individuales y de aparatos refrigeradores sin autorización expresa del Servicio de Conservación de Bienes Inmuebles.

De la misma manera se hace hincapié en la obligación diaria de proceder al apagado de todos los equipos: impresoras, fotocopiadoras y ordenadores de puesto de trabajo.

Para favorecer el cumplimiento de todas estas medidas los/las Secretarios/as Generales Técnicos/as o asimilados determinarán a la persona responsable del cumplimiento de las mismas en cada uno de los órganos o unidades administrativas, sin perjuicio de las labores de control y vigilancia por parte de la Dirección General de Patrimonio y Organización.

Además, se establece que todas las reuniones y eventos se programen dentro del horario de apertura de los edificios, con el fin de que no se prolonguen los consumos más allá del horario habitual. Esta misma pauta se seguirá con carácter general para la organización de jornadas y eventos.

La instrucción también aporta criterios en materia de movilidad. Con la finalidad de optimizar recursos, los viajes con vehículos del parque móvil se realizarán con la ocupación máxima,  como ya se ha generalizado en la Administración autonómica. Tanto los empleados públicos como los altos cargos intentarán compatibilizar los viajes de forma que los servicios sean lo más eficientes posible desde el punto de vista energético.

Finalmente, toda la iluminación monumental de los edificios administrativos quedará apagada a las 22 horas conforme establece la norma.

Las amenazas de corte de suministro del gas provocadas por la guerra de Ucrania y el alza de los precios de la energía desde 2021 ha llevado a Europa asumir el riesgo real de afrontar la escasez de gas el próximo invierno y a adoptar acuerdos solidarios para reducir su demanda, que en el caso de España se fija en un 7%.

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