Ciudadanía, junto con sanidad, una de las áreas de gestión del Gobierno aragonés más sensibles y castigadas durante la primera y la segunda ola de la pandemia, con la obligación de reinventarse a través de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica y que, a juicio del Partido Popular, prácticamente mantiene el mismo perfil e idénticas carencias diez meses después de decretarse la alerta sanitaria.
En opinión de Marian Orós, portavoz de Ciudadanía de los populares aragoneses, la ausencia de transparencia en la ‘gestión social’ de la pandemia junto con el incumplimiento de las acciones acordadas constituyen el resumen de actuación de una consejería que, durante todo este tiempo y en términos generales, se ha visto ampliamente sobrepasada por los acontecimientos.
“Mover un papel no significa que una acción esté cumplida. Mover un papel es simplemente iniciar un proceso que no sabemos cuánto tardará” señaló la diputada popular como ejemplo del, a su juicio, escaso cumplimiento por parte del Gobierno aragonés de los 22 objetivos y 40 acciones pactadas en junio como respuesta social a la pandemia. Buena parte de estas actuaciones, además, carecen de presupuesto en un área donde el refuerzo de la seguridad sanitaria generaría mayor gasto, y otra área de las actuaciones encomendadas corresponde a la aprobación de nueva normativa legal cuyo estado de tramitación nadie conoce y el Gobierno no concreta.
Resulta difícil de conocer, porque el Departamento de Ciudadanía no ha presentado una evaluación pública, la situación exacta en la que se encuentra cada uno de los ‘compromisos sociales’ de la Estrategia, por lo que Orós pide al Gobierno “estandarizar el procedimiento para que los ciudadanos y los partidos políticos y las entidades, podamos tener una información veraz” en aras a la transparencia y a la obligada rendición de cuentas de las Administraciones públicas. Pese a que el pasado once de septiembre el Ejecutivo aseguró que había cumplido el 70% de la Estrategia en todas sus áreas “además de poco creíble resulta imposible de verificar” ante la ausencia de pruebas aportadas por los distintos departamentos.
“Hasta la fecha es una declaración de intenciones en la que es imposible verificar o poder hacer un seguimiento de lo que se ha planteado”, señaló, y lo concretó al destacar que ”no sé cómo está el pacto de la infancia, no sabemos cómo está el desarrollo de la ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad que por cierto no tiene presupuesto y por lo tanto tampoco sé muy bien hacia dónde va a ir. Cómo está el plan de infraestructuras de residencias, que es otro de sus compromisos, y así hasta las veintidós”.
A lo anterior se añade como agravante la inexistencia del respaldo presupuestario obligado para afrontar esos 22 objetivo, al no figurar en las cuentas de 2020 ni tampoco en el proyecto presupuestario de Ejecutivo para el ejercicio 2021, “permanencia de las personas mayores en su entorno natural, de acuerdo. Pero tenga en cuenta que en estos presupuestos, a día de hoy, ayuda a domicilio se congela, teleasistencia baja, las prestaciones económicas vinculadas al servicio también se congelan y, por tanto, no sé cómo van ustedes a impulsar esto cuando la mayor parte de los hitos que pone en su plan de gobierno no se corresponde a lo que usted me ha contado en muchas cosas son sin coste económico, son sin calendario, sin planificación”, pregunta al Ejecutivo aragonés.
Marian Orós señala el año 2021 como “muy importante para los servicios sociales porque va a haber muchas necesidades, muchísimas”, y por ello considera necesario reiterar su oferta de respaldo al Gobierno de Aragón “para mejorar la vida de las personas, sobre todos las más vulnerables”, pero que al mismo tiempo ”supone decir aquellas cosas que se pueden mejorar o que no se han hecho”.
