Pilar Cortés, portavoz de Educación del Partido Popular en el Parlamento autonómico, señaló esta mañana que “las medidas del Gobierno de Aragón para garantizar profesores en las aulas se han quedado cortas y ya se han visto superadas por una realidad de contagios que el Departamento de Educación no quiso ver, y sólo llevamos tres días de colegio”. Lo cierto es que la Administración autonómica está contribuyendo de manera notable al desconcierto existente en buena parte de los centros educativos aragoneses al no aportar transparencia sobre la situación real de las plantillas.
La ausencia de información pública específica que permita evaluar la actuación del Ejecutivo en el ámbito educativo frente a la séptima ola de la pandemia, y también para conocer el grado de efectividad de las recientes medidas anunciadas por el titular del Departamento de Educación, han provocado la respuesta de la diputada popular que esta mañana registró en el Parlamento tres solicitudes de información al Gobierno sobre las bajas laborales en los centros educativos.
Así, Cortés pregunta sobre el número de profesionales sanitarios que desempeñan su trabajo en los colegios, de cualquier especialidad o cargo, y que se hayan acogido a la situación de baja laboral desde el pasado uno de diciembre por contagio de COVID-19. Una segunda pregunta a la que deberá contestar el Ejecutivo es cuántos docentes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación profesional de cualquier especialidad o cargo se han visto obligados a solicitar la baja laboral por coronavirus. La tercera y última pregunta hace referencia a los profesionales no docentes, también de baja por contagio de esta enfermedad, que se encuentren en esta situación desde el uno de diciembre de 2021 y hasta el día de la recepción de estas preguntas en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
“Que según los sindicatos 400 profesores no puedan ir a trabajar por encontrarse contagiados es bastante más de lo que esperaba el consejero de Educación y, me temo, que otra vez más las contramedidas del Gobierno se han quedado cortas y lamentablemente serán los alumnos los que, también otra vez más, pagarán las consecuencias de la improvisada gestión de las autoridades educativas”, señaló Pilar Cortés.
LA MOROSIDAD DEL GOBIERNO CON LAS EMPRESAS DEL TRANSPORTE ESCOLAR
Tampoco ayuda a confiar en la destreza de los actuales gestores educativos de la coalición de Gobierno liderada por el PSOE aragonés la deuda de dos millones de euros correspondiente al año 2021, según los afectados, que el Ejecutivo mantiene con el sector del transporte escolar y que se suma a retrasos similares que varias empresas de autobuses sufrieron durante el año 2020.
La morosidad del Gobierno en el pago por la prestación del servicio de las rutas escolares se produce, explicó Pilar Cortés, “en el peor momento posible para estas empresas, con una subida espectacular del precio del combustible pero también con un aumento del coste de las labores de mantenimiento de las flotas de autobuses” y por eso ha registrado una pregunta ante el Parlamento autonómico para que Educación concrete los plazos de pago previstos, “con una respuesta más definida que la habitual de ‘en los próximos días’ o ‘lo antes posible’ o ‘en cuanto se complete el procedimiento administrativo’, que son las contestaciones tipo del Gobierno de Aragón cuando se retrasa en los pagos a los prestadores de servicios”.
