.- El Partido Popular presentó esta mañana al Gobierno de Aragón una propuesta para, junto a los colegios de abogados en las tres provincias, prestar asesoramiento a los propietarios de viviendas afectados por la ocupación ilegal. La iniciativa, registrada por el portavoz popular de Vertebración del Territorio, Joaquín Juste, para su debate en el Parlamento autonómico a través de una proposición no de ley, pretende ayudar y acompañar en el camino de la recuperación efectiva de sus bienes a las víctimas de este tipo de usurpación.
El diputado recordó que el trabajo de los populares respecto a la ocupación ilegal se viene reflejando en dos direcciones “la primera llegar a las personas más vulnerables y desfavorecidas”, y en este sentido recordó la denuncia pública formulada por la demostrada incapacidad del Ejecutivo aragonés para gestionar eficazmente las ayudas al alquiler de vivienda con un balance de 390 solicitudes resueltas de las más de 1.800 peticiones presentadas, o que de los 3.800.000 euros presupuestados para esta acción el Departamento de Vertebración del Territorio sólo tenga comprometidos 700.000, “por eso desde el Partido Popular hemos impulsado al Gobierno para que se agilicen esas ayudas, para que ese dinero llegue a las familias que lo necesitan.
La segunda parte consiste en ofrecer asistencia legal a los propietarios víctimas de la ocupación “estamos proponiendo que pueda haber una guía y asistencia telefónica para que esas personas puedan tener un auxilio”
Desde 2020 el Partido Popular viene liderando con especial fuerza la defensa de los propietarios de las viviendas ocupadas ilegalmente en la comunidad autónoma, tanto con la denuncia expresa de casos concretos en varios municipios del eje del Huerva como a través del registro de iniciativas parlamentarias en las Cortes de Aragón y en las Cortes Generales. Según los datos aportados esta mañana por el diputado popular más de 160 inmuebles fueron ocupados en la comunidad autónoma durante el pasado año, fundamentalmente en la provincia de Zaragoza, seguida a mucha distancia de Huesca y con mínima incidencia en Teruel.
La iniciativa legislativa presentada esta mañana es otra respuesta más ante la ausencia efectiva de contestación legal de los Gobiernos de España y de Aragón a la violación de un derecho fundamental como es el respeto a los bienes de las personas, y en concreto a la propiedad privada de sus viviendas
La ley estatal actual contra la ocupación ilegal resulta insuficiente a juicio de los populares, que consideran obligado modificar la norma para acortar los plazos de los desahucios y evitar la dilación excesiva para recuperar sus bienes que actualmente sufren los legítimos titulares de las viviendas. De hecho el Congreso de los Diputados debatió ayer esta propuesta del Partido Popular si bien PSOE, Podemos y los partidos que habitualmente acompañan al Gobierno de Pedro Sánchez votaron en contra, lo que condena a los legítimos propietarios de las viviendas ocupadas a sufrir un quebranto económico del que nadie les resarcirá y, además, a someterse a un complejo proceso administrativo y judicial que por lo general se extiende durante meses hasta que pueden recuperar su propiedad.
El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas deriva de una fragmentación social y de una crisis generalizada que, consideran, debe ser afrontada por el conjunto de las Administraciones públicas a través de acciones concretas como las ayudas al alquiler, el Ingreso Mínimo Vital u otras actuaciones que ofrezcan alternativas a las situaciones de urgente necesidad, y por lo general tanto el Gobierno de Aragón como las comarcas y los ayuntamientos de los municipios grandes y medianos disponen de algún tipo de respuesta.
