El departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha expresado su conformidad con la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que anula la modificación normativa del Real Decreto 159/2023, la cual imponía un aumento obligatorio del espacio destinado a cada cerdo. Esta decisión judicial considera que la normativa carecía de una memoria económica adecuada, lo que respalda las advertencias realizadas por Aragón sobre las consecuencias reales que esta medida podría haber tenido para las explotaciones ganaderas.
**Impacto en las explotaciones ganaderas**
La sentencia del Supremo restablece la referencia del Real Decreto 1135/2002, lo que evita que los ganaderos enfrenten un aumento en sus costes operativos. Según el sector, este incremento podría haber comprometido la viabilidad de numerosas explotaciones en la Comunidad Autónoma. Javier Rincón, consejero de Agricultura, ha afirmado que esta resolución confirma la necesidad de basar cualquier cambio normativo en datos y análisis económicos sólidos. Rincón ha subrayado que Aragón ha actuado con responsabilidad, priorizando el bienestar animal y evitando imposiciones que no reflejan la realidad del sector.
**Regulaciones realistas para el futuro**
El Gobierno de Aragón considera que esta resolución refuerza su posición de abogar por regulaciones que sean realistas y evaluadas, capaces de equilibrar el bienestar animal, la sostenibilidad y la viabilidad económica. Aragón se destaca como el principal productor de porcino en España, con más de 15 millones de cabezas anuales y una capacidad de exportación que superó los 2.200 millones de euros en 2024. Con esta sentencia, el Ejecutivo autonómico insiste en que cualquier futura norma que impacte en la ganadería debe incluir memorias económicas completas y verificadas, asegurando así la estabilidad y seguridad jurídica en este sector estratégico.
