El Congreso de los Diputados rechazó este miércoles el decreto ómnibus impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que incluía ochenta medidas de diversa índole, entre ellas la prórroga de las ayudas al transporte público. La votación se resolvió con 171 votos a favor, 177 en contra y una abstención. Este resultado genera un escenario de incertidumbre para determinadas iniciativas, entre las que se encuentra la reducción del precio del transporte público en Zaragoza.
Según fuentes municipales, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha señalado que el Ayuntamiento mantendrá, por el momento, los descuentos vigentes para el autobús urbano y el tranvía, asumiendo en torno al 30% de la financiación necesaria. El objetivo, según sus declaraciones, es garantizar que la ciudadanía no vea alterado el precio del billete a corto plazo, a la espera de que el Gobierno central tramite un decreto individualizado que permita prolongar la bonificación del 50% en los municipios que ya la estaban aplicando.
La postura del Ayuntamiento se basa en la idea de que las ayudas al transporte pueden aprobarse mediante un texto legal específico, ajeno a otras medidas contempladas en el decreto rechazado. Chueca ha aludido, además, a la existencia de herramientas normativas que permitirían al Ejecutivo central concretar la prórroga de estas subvenciones de forma independiente. Según ha declarado, el rechazo al decreto ómnibus no tiene por qué derivar en la supresión de las ayudas, siempre que se elabore un nuevo documento que se centre exclusivamente en el transporte público.
El Gobierno central, a través de la Delegación del Gobierno en Aragón, ha destacado otras consecuencias derivadas de la votación en el Congreso. En concreto, se menciona la pérdida de 335 millones de euros en entregas a cuenta que, según indican, habrían sido destinados a reforzar los servicios públicos en Aragón, como Sanidad, Educación o Dependencia. Además, se subraya que la no revalorización de las pensiones podría implicar una pérdida de poder adquisitivo de 552 euros en 2025 para más de 286.000 jubilados en la Comunidad Autónoma.
En el mismo sentido, la Delegación del Gobierno ha apuntado que el Ingreso Mínimo Vital también se vería afectado. Las estimaciones señalan que cada beneficiario dejaría de percibir 527 euros en 2025. En el ámbito del transporte, se menciona que Aragón perdería 16,1 millones de euros destinados a bonificar el servicio en la región, además de la supresión de 681 millones dedicados a mejoras y a la gratuidad parcial de Renfe y autobuses estatales.
Desde la oposición en el Congreso, se argumenta que el voto contrario al decreto ómnibus no debía identificarse únicamente con el rechazo a las ayudas al transporte. Diversos grupos han manifestado su desacuerdo con algunas de las medidas incluidas en el mismo texto, relacionadas con cuestiones impositivas, ocupación de viviendas o financiación autonómica. Sostienen que, de haberse tramitado proyectos de ley independientes, determinadas propuestas habrían recibido el respaldo necesario.