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La Junta Arbitral de Consumo de Aragón resuelve más del 85% de conflictos en menos de cuatro meses

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La Junta Arbitral de Consumo de Aragón ha recibido 585 solicitudes de arbitraje en el primer semestre de este año, según la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón. Este servicio se presenta como una alternativa a la vía judicial para resolver conflictos de consumo. La directora general, Inma de Francisco, ha destacado que se ha logrado cumplir el objetivo de resolver más del 85% de las reclamaciones en un plazo máximo de cuatro meses.

Resultados del arbitraje en Aragón

De las 585 solicitudes, 480 han sido resueltas, ya sea por mediación o laudo. En particular, 174 casos se han cerrado mediante mediación, donde ambas partes llegaron a un acuerdo sin necesidad de un laudo arbitral. Los laudos arbitrales, que tienen el mismo valor que una sentencia judicial, han sido emitidos en 306 casos, de los cuales 274 han sido favorables para los consumidores, representando un 89,54% del total.

El arbitraje se basa en la aceptación voluntaria de las empresas, que deben estar adheridas al Sistema Arbitral de Consumo. En este periodo, 118 reclamaciones fueron archivadas debido a la falta de aceptación por parte de las empresas, lo que dejó abierta la posibilidad de recurrir a la vía judicial.

Sectores más reclamados en el primer semestre

El sector de servicios de interés general, que incluye electricidad, gas y agua, ha concentrado el 42% de las solicitudes, sumando un total de 244. El segundo sector con más reclamaciones ha sido el de telecomunicaciones, con 135 solicitudes. Otros sectores notables incluyen servicios de correos, tintorerías y transporte ferroviario, que también generaron un número significativo de reclamaciones.

La Junta Arbitral de Consumo de Aragón, que forma parte de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios, se consolida como una opción viable y gratuita para resolver conflictos entre consumidores y empresas, facilitando una resolución más rápida y sin costes judiciales. Al finalizar el primer semestre, 5.776 establecimientos y empresas estaban adheridos a este sistema, lo que proporciona una garantía adicional a los consumidores.

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