El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha mostrado su satisfacción porque su reivindicación de una solución inmediata y definitiva para garantizar la continuidad de los funcionarios y estatutarios interinos y trabajadores temporales de las administraciones aragonesas víctimas del abuso de temporalidad será votada este mes en las Cortes de Aragón. El grupo parlamentario de Ciudadanos ha presentado una enmienda a la Ley de Presupuestos para 2021, que recoge la propuesta defendida por STEPA y las distintas organizaciones que el pasado 12 de diciembre apoyaron la primera protesta en Aragón de los interinos en fraude de ley.
La fórmula consiste en añadir una disposición transitoria a la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón de 1991, por la que “con carácter excepcional y por una sola vez, como sanción al abuso producido en su contratación temporal” se estabilizaría en sus puestos hasta su jubilación a todos los interinos y laborales temporales nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2018.
STEPA ha pedido al resto de formaciones que solucionen una injusticia que afecta a más de 17.000 familias en Aragón, amenazadas ahora por un despido ilegal, y apoyen una solución que da cumplimiento a la Directiva europea sobre estabilidad en el empleo y las sentencias del TJUE, encaja dentro de la actual legislación nacional y no supone un aumento del gasto público.
El sindicato recuerda que el origen de esta situación está en el incumplimiento de las Administraciones de su obligación de convocar procesos selectivos para cubrir con trabajadores fijos o de carrera las plazas necesarias para atender sus necesidades permanentes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en marzo que suponía una clara vulneración de la Directiva 1999/70/CE sobre el derecho a la estabilidad en el empleo y obligaba por tanto no solo a acabar con esta práctica sino también a sancionar a los responsables y a compensar a los interinos víctimas del fraude legal, como ya se hace en el sector privado. Sin embargo, todavía no se han tomado medidas legislativas para acatar esta condena.
Los trabajadores que sufren esta situación, destacan que “nos llaman temporales pero no lo somos”, ya que muchos “desde hace más de 3, 5, 15 y hasta 30 años puestos de naturaleza estructural”, por lo que para acabar con la temporalidad no se pueden realizar ofertas de empleo público sin consolidar previamente a quienes trabajan en fraude de ley.
LA ENMIEDA LLEGA TAMBIÉN AL SENADO
La misma solución, con una enmienda similar, se plantea introducir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en este caso presentada por el senador del PAR Clemente Sánchez-Garnica, que con el asesoramiento de STEPA ya ha presentado distintas iniciativas en la Cámara Alta para dar cumplimiento a las exigencias europeas sobre los derechos de los interinos.
El senador aragonesista ha señalado que esta enmienda para dar fijeza en sus puestos a quienes sufren este abuso –unos 800.000 en toda España-, da respuesta a la moción de su formación que fue aprobada por unanimidad el pasado octubre por la Comision de Función Pública para garantizar la continuidad de los afectados en sus puestos.
En este caso, la enmienda propone una nueva redacción del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), consensuada con las Comunidades Autonómas, que también evite que en el futuro se repitan los niveles de interinos de larga duración y contemple sanciones al abuso de la temporalidad.
LA ADMINISTRACIÓN INCUMPLE SUS PROPIAS LEYES
Desde STEPA se recalca “el sistema de bienestar requiere unos servicios públicos fuertes en el que los trabajadores y trabajadoras no sufran la precariedad y la inestabilidad laboral” y que no se puede tolerar que los poderes públicos abusen de una situación que prohíben y sancionan en la empresa privada.
Sin embargo, según el último boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón de junio de 2020, la temporalidad asciende al 47,1% del total de los 57.047 empleados públicos existentes en la administración aragonesa, a pesar de que la Ley establece un máximo del 8 %. A los 17.000 temporales en fraude de ley (el 30 % del total de la plantilla y dos de cada tres interinos) se suman aquí quienes ocupan puestos de naturaleza realmente temporal y los que simplemente no pueden considerarse aún en abuso de temporalidad al no llevar tres años sin que su plaza haya salido a oposición.
Este porcentaje supone que 26.855 personas son temporales, de las cuales 6.357 son hombres y 20.498 mujeres (el 76 %). Además, la media de edad es de 46,7 años, por lo que se estima que más de 17.000 se jubilarán en los próximos 10 años. Los sindicatos que defienden a este colectivo denuncian también que “las tasas de temporalidad en Aragón se disparan en los servicios esenciales y en los peores destinos: sanitarios en primera línea de acción, profesorado en los barrios desfavorecidos y pueblos aislados, los servicios sociales, la atención al público…”. Además, se atenta contra la igualdad, ya que el 75 % son mujeres, con una edad media de 50 años”.
