Los sindicatos STEPA, CATA, STEA, SOMOS y la intersindical ISTA han convocado mañana miércoles día 6 a las 11 horas una concentración ante la entrada principal del edificio Pignatelli de Zaragoza, sede de la DGA, con el lema «Contra los despidos ilegales en el Gobierno de Aragón, cumplimiento de la Ley». Quieren mostrar así su rechazo a los ceses masivos de interinos en abuso de temporalidad que está llevando a cabo el Ejecutivo de Javier Lambán, «saltándose de manera flagrante» la nueva Ley 20/21 de reducción de la temporalidad aprobada el pasado mes de diciembre que establece precisamente la reserva de los puestos ocupados por personal público temporal abusado, con más de tres años en la Administración, para ser incluidos en un proceso de estabilización extraordinario que debe convocarse además este mismo año 2022.
STEPA considera que de los 17.000 interinos en fraude de ley actualmente en la DGA –cálculo estimado ya que la Dirección de Función Pública se niega reiteradamente a dar datos oficiales-, unos 10.000 podrían acceder a un puesto fijo mediante esos procesos extraordinarios que prevé la nueva Ley. Sin embargo, cientos de ellos según los sindicatos convocantes de la movilización, han sido ya despedidos sin ningún tipo de indemnización, al seguir desarrollando la Administración autonómica ofertas de empleo público «de forma fraudulenta e ilegal».
El goteo es incesante y va en aumento. Otros cientos de afectados podrían ser cesados este mismo mes sin ningún tipo de indemnización. «Esto es una vergüenza», comenta uno de los afectados al borde del despido, «después de 25 años al servicio de la administración, con 62 años me voy a la calle sin nada, ni las gracias». Los afectados son sobre todo personas con más de 50 años, en su mayoría mujeres, algunas de las cuales llevan trabajando en situación de abuso durante más de 10, 20 e incluso 30 años. «Estamos hartos de tantos engaños y mentiras, dijeron que nos iban a dar una oportunidad para estabilizar nuestros empleos, y ahora nos vemos en la calle«, asegura otro afectado. Una auxiliar administrativo advierte: «Según me han informado desde mi departamento de Personal, el criterio de Función Pública a la hora de ofrecer las plazas es dar prioridad a las que están ocupadas por interinos con mayor antigüedad«.
La también conocida como Ley de Interinos obliga a todas las administraciones a estabilizar las plazas ocupadas por los trabajadores en abuso de temporalidad aunque establece dos vías: a los que han acumulado más de seis años solo mediante un concurso de méritos (sin oposición) y si este periodo es de entre 3 y 6 años mediante concurso-oposición no eliminatorio, por lo que estos puestos deben primero mapearse y sacarse de todas las convocatorias que no estén todavía finalizadas. La norma establece además el plazo máximo hasta el 1 de junio para definir la relación de puestos y dar a conocer la oferta de empleo extraordinaria.
A pesar del nuevo marco normativo español, y del Derecho europeo que ampara también desde hace años a los trabajadores temporales, el Gobierno aragonés aceleró las convocatorias de oposiciones pendientes incluyendo las plazas ocupadas por interinos en abuso de temporalidad, un hecho que estos sindicatos y destacados juristas consideran que pueden convertirlas en nulas de pleno de derecho. STEPA las ha recurrido y apoya las demandas de fijeza de cientos de afectados, que podrían finalmente lograr así el reconocimiento judicial a su demanda de fijeza o bien obtener una cuantiosa indemnización, o incluso ambas. Teniendo en cuenta que pueden ser hasta miles de afectados, el monto total de las indemnizaciones supondría cifras millonarias para la DGA. «En otros países, como Italia, que nos lleva varios años de adelanto en esta lucha, en marzo han tenido que indemnizar con 1,5 millones a 4 demandantes de fijeza. Europa es clara, tiene que haber una sanción al abuso».
«El cuatripartito PSOE-Podemos-CHA-PAR lleva toda la legislatura incumpliendo la normativa europea y ahora el colmo es que hacen también caso omiso de una Ley impulsada por el propio Gobierno central de coalición PSOE-Podemos«, denuncian desde STEPA. Otras comunidades y administraciones en cambio sí han reservado esas plazas y están negociando con los sindicatos las convocatorias extraordinarias. «Con esta Ley, si hay voluntad por parte de las administraciones abusadoras, muchos afectados podrían estabilizar su empleo, que es lo que quieren y es lo que beneficia a la propia administración, sin embargo el Gobierno de Aragón no muestra ninguna voluntad y sigue negando el abuso reconocido incluso por el Tribunal Supremo».
El director general de Función Pública de la DGA, Esteban del Ruste, compareció el mes pasado en las Cortes de Aragón y lejos de aclarar la situación, aseguró que todavía se está haciendo el mapeo de las plazas, insistió en seguir adelante con todas las convocatorias –y por tanto con los «despidos ilegales» derivados de ellas- e hizo además una polémica afirmación, al asegurar que le «repugna mentalmente» el procedimiento de concurso de méritos sin oposición establecido en la Ley para que algunos interinos logren la fijeza. «Esto le incapacitaría para desempeñar su responsabilidad de cumplir esa Ley, como ya se está demostrando», afirma STEPA.
