La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marián Orós, ha anunciado su intención de presentar una moción en el Pleno Municipal. Esta moción busca instar al Gobierno de España a que tome medidas inmediatas para abordar lo que ella califica como un «caos migratorio». Orós argumenta que el Ejecutivo debe proporcionar recursos económicos, técnicos y humanos suficientes para gestionar la situación de las personas que han sido expulsadas a la calle, a pesar de tener derecho a protección internacional.
**Moción para reprobar la gestión migratoria**
En su propuesta, Orós reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez su gestión en materia de inmigración y exige que asuma sus responsabilidades. La moción hace hincapié en la necesidad de un modelo nacional que garantice la protección de los inmigrantes y evite que sean empujados a la irregularidad y la exclusión social. También solicita que se habilite un fondo con recursos suficientes para la acogida y formación de solicitantes de asilo, así como para que los municipios puedan atender adecuadamente a las personas que quedan fuera de los programas de ayuda.
Desde 2017, la inmigración ilegal en España ha aumentado un 130%, según cifras del Ministerio del Interior. En 2024, se registraron 63.970 entradas, de las cuales 46.843 se realizaron por la ruta canaria. La tasa de reconocimiento de protección internacional en el país se sitúa en un 18,5%, muy por debajo de la media europea del 40%. Esta situación ha llevado a que muchos solicitantes de asilo se queden en la irregularidad tras unos meses.
**Realidad en las calles de Zaragoza**
Orós, acompañada por técnicos de servicios sociales, realizó un recorrido por el entorno del Centro de Historias y el Parque Bruil, donde constató la situación de muchas personas inmigrantes que, a pesar de tener derecho a protección, han sido expulsadas a la calle. La consejera invitó a la ministra Pilar Alegría a que visite la ciudad y observe de primera mano la realidad que enfrentan estas personas.
Durante su visita, se identificaron a 61 personas durmiendo en la calle, muchas de ellas provenientes de programas estatales de Protección Internacional. La consejera también destacó el impacto que esta situación está teniendo en los servicios sociales municipales, que se encuentran saturados y obligados a asumir una carga que corresponde al Gobierno central.
El Ayuntamiento de Zaragoza está trabajando en un plan de choque para abordar esta problemática, que incluye la apertura de nuevos espacios de emergencia y la ampliación de plazas en el Albergue Municipal. Orós concluyó que, aunque Zaragoza se compromete a ayudar a las personas migrantes, no puede asumir indefinidamente las responsabilidades del Estado sin los recursos adecuados.
