El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa, han presentado hoy el reparto de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU, dentro del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
Tal y como ha explicado el consejero Soro “el objetivo es incrementar el parque público de viviendas para destinarlas al alquiler social y asequible”. Para Soro “la falta de vivienda social es un problema desde el punto de vista de la justicia y la equidad social, es necesario aumentar el parque público de vivienda para ofrecer alternativa habitacional a las personas más vulnerables, pero, además, en Aragón la construcción de vivienda de alquiler en el medio rural es una medida esencial para hacer frente a la despoblación”.
Con el reparto planteado por el Gobierno de Aragón se beneficiarán un total de 40 municipios y se construirán hasta 900 nuevas viviendas de alquiler. Las obras deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026 y el reparto de los fondos, 29 millones, se realizará en dos fases.
En la primera fase participarán los 29 ayuntamientos que más maduros tienen los proyectos y en la segunda los 11 con proyectos sobre los que todavía hay que resolver cuestiones técnicas.
Los municipios de Barbastro, Fiscal, Jasa, La Puebla de Híjar, San Esteban de Litera o Zaragoza contarán con financiación en las dos fases. Soro ha destacado que en el reparto se incluyen municipios como Zaragoza, Monzón, Barbastro, pero también muchos municipios de menos de 500 habitantes, incluso de menos de 100 habitantes.
José Luis Soro ha explicado que “a la vista del interés y el potencial de los ayuntamientos, se ha decidido destinar íntegramente los 29 millones a todos los ayuntamientos que han mostrado interés” para que sean ellos los que promuevan vivienda en los suelos de su propiedad o para que conviertan en vivienda edificios que ahora no lo son.
Una vez definidos los proyectos, será necesario suscribir un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral de Seguimiento entre el Ministerio, el Gobierno de Aragón y con cada uno de los ayuntamientos para que se puedan transferir los fondos e iniciar las obras.
En este convenio se establecerá también el precio máximo de alquiler de las viviendas y los requisitos que deberán cumplir las personas que accedan a ellas. Tal y como ha señalado Soro “el objetivo es fijar las condiciones en función de las necesidades de cada ayuntamiento”.
Soro ha señalado que con estas ayudas se atienden tres realidades diferentes, por un lado, la necesidad de vivienda social para dar respuesta a los casos más vulnerables. Por otro lado, atender la falta de vivienda de alquiler en el medio rural y, por último, atender necesidades en municipios turísticos donde es complicado encontrar vivienda para trabajadores a precios asequibles.
