Trump aprueba aranceles del 25% a los coches y piezas no fabricados en Estados Unidos, encendiendo las alarmas del sector automovilístico internacional y generando interrogantes sobre sus repercusiones en la economía global. El anuncio, que ha tomado por sorpresa tanto a fabricantes como a los mercados, encarece de forma significativa los vehículos importados en territorio estadounidense y, en consecuencia, afectará a la fabricación local que depende de piezas extranjeras. Los expertos anticipan un efecto en cadena: subida de precios de los automóviles, mayor inflación interna en Estados Unidos y menor producción en Europa, donde la industria automovilística exporta de manera significativa hacia el país norteamericano.
Con un incremento arancelario de hasta un 25%, Estados Unidos busca proteger y fomentar su industria nacional, incentivando que las plantas de automoción se localicen dentro de su territorio. Sin embargo, los analistas subrayan que son los consumidores quienes van a asumir en última instancia el impacto de los gravámenes. Por un lado, quienes opten por coches importados notarán la subida inmediata en el precio final de venta. Por otro lado, incluso los vehículos producidos en suelo estadounidense verán incrementados sus costos, pues muchas de sus piezas proceden de otros países que ahora deberán pagar esos nuevos aranceles. Esto, a su vez, se traduce en un alza general de la inflación y en un claro descenso de las ventas de vehículos, al menos en el corto y mediano plazo.
En Europa, especialmente en aquellos países con sólida tradición industrial en el ámbito de la automoción, se teme un frenazo considerable de la producción destinada a la exportación. El continente es un importante suministrador de componentes y vehículos completos a Estados Unidos, por lo que el nuevo escenario arancelario podría conllevar deslocalizaciones o recortes de plantilla para ajustarse a la menor demanda. Algunas estimaciones apuntan a una caída de la producción europea de vehículos de hasta un 10% si estos aranceles se mantienen a largo plazo, lo que se traduciría en una destrucción de empleo en el sector y en un freno del crecimiento económico.
En este contexto, Aragón, una de las comunidades autónomas españolas más vinculadas al sector automovilístico, no es ajena a las posibles consecuencias. La comunidad alberga un importante polo de producción de coches y componentes. La planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza), antigua General Motors, es uno de los mayores centros de empleo industrial de toda la comunidad. En la actualidad, da trabajo de forma directa a cerca de 5.000 personas y se estima que, sumando el empleo indirecto e inducido, alrededor de 25.000 puestos de trabajo dependen de la actividad de esta fábrica. La producción anual de la planta suele rondar las 350.000 a 400.000 unidades, ubicándola como una de las más relevantes dentro del consorcio Stellantis en Europa.
El peso de la factoría en el tejido económico aragonés es innegable. Según datos de diversos informes económicos, el sector de la automoción aporta alrededor del 6-7% del PIB regional, siendo Stellantis el referente principal. Cualquier contracción en las exportaciones o en la venta de vehículos procedentes de Europa hacia Estados Unidos puede traducirse en ajustes, tanto de producción como de empleo, que podrían manifestarse en expedientes de regulación temporal (ERTE o ERE) y en la ralentización de la actividad de numerosas empresas auxiliares instaladas en Aragón y especializadas en la fabricación de componentes.
Esa posible reducción de pedidos afectaría, sobre todo, a las perspectivas de inversión y a la estrategia de las grandes multinacionales del sector. Además, la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores —ante una perspectiva de desaceleración económica y un alza de precios generalizada— se traduciría en menos compras de vehículos a corto plazo. Esto termina afectando a toda la cadena de valor, desde la producción de vehículos hasta los talleres de mantenimiento, pasando por la logística y otros servicios vinculados al sector del automóvil.
La consecuencia inmediata en Aragón, según varios expertos, podría ser la adopción de “ajustes laborales” en la planta de Stellantis para adecuarse a la menor demanda. De igual modo, las empresas auxiliares que proveen piezas y componentes podrían ver recortadas sus carteras de pedidos, lo que tendrá un impacto directo en el empleo. Si la incertidumbre se prolonga, el efecto en cascada podría dañar gravemente el consumo en la región, puesto que la pérdida de puestos de trabajo y la consiguiente reducción de la renta disponible de las familias limitarían el gasto en otros sectores.
La historia reciente demuestra que la automoción es uno de los motores industriales de Aragón y, por ende, del conjunto de España. Por ello, la pregunta que muchos se hacen no es si Aragón se verá afectada, sino hasta qué punto. La paralización o contracción del sector implicaría una merma significativa de ingresos, y a la postre se traduciría en una contracción del PIB y un repunte del desempleo. La repercusión final dependerá de si el conflicto comercial con Estados Unidos se agrava o si, por el contrario, se encuentran soluciones negociadas que eviten un deterioro económico mayor.
De momento, los mercados financieros —a menudo señalados como un indicador de las perspectivas a medio plazo— ya han dado una señal de alarma al “teñirse de rojo”. Esta reacción refleja la preocupación de los inversores por la posible escalada de tensiones comerciales y el riesgo de que la economía global entre en una fase de desaceleración o incluso recesión. Todo parece indicar que, sin un pronto acuerdo o rectificación en la política arancelaria de la Administración Trump, las repercusiones negativas en el sector automovilístico podrían ser profundas y duraderas.
El impacto en Aragón, por tanto, será inevitable: la verdadera incógnita es la magnitud de ese golpe y cuánto tiempo llevará recuperarse de él. Con Stellantis y sus proveedores en el punto de mira, el tejido industrial y laboral de la comunidad se ve expuesto a un escenario incierto. El devenir de esta crisis arancelaria pondrá a prueba la capacidad de respuesta de una región que, durante décadas, ha encontrado en la producción de automóviles un pilar sólido para su desarrollo económico y social.
