El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha criticado las limitaciones de acceso a la vivienda del programa Alza, que exige unos ingresos mínimos de 14.122 euros, el pago de un mes a la agencia inmobiliaria, un seguro de impago e ingresos fijos, criterio este último que dificultaría la entrada de personas que trabajen en régimen de autónomos.
El portavoz de la formación, Pedro Santisteve, ha valorado “la letra pequeña” de este programa que “convierte a Zaragoza vivienda en una agencia inmobiliaria”, dejando a un lado su labor social en el acceso a una vivienda digna. En concreto, el portavoz ha destacado el desembolso de los inquilinos, quienes tendrán que pagar, además de la fianza, un mes a las agencias inmobiliarias que lo gestionen. Éstas perciben, también, 50 euros de dinero municipal por cada vivienda que incorporan a la bolsa.
La formación también ha criticado las limitaciones del programa en cuanto a los ingresos exigidos, de un mínimo de 14.122 euros, por encima de la media de la ciudad, que se encuentra en 12.536 euros. El Alza tampoco aclara cuáles van a ser los requisitos del seguro de impago, condición para poder acceder a un alquiler.
Asimismo, el programa tampoco define quién fijará el precio por metro cuadrado, ni de cuánto será éste, hablando de “precio de mercado”, lo que puede dar lugar “a incertidumbres sobre el precio real al que se aplicaría el descuento del 20%”, ha detallado Santisteve.
Para el portavoz, Zaragoza Vivienda “está dando pasos para convertirse en una mera inmobiliaria, abandonado los objetivos de impulsar de las políticas públicas de vivienda para garantizar este derecho”. A su juicio, este programa no da respuesta a la demanda de alquiler social que existe en la ciudad y que se va a ver agravada por la crisis.
En este sentido, ha explicado que el Alza deja fuera a las familias del programa de captación de para alquiler social ‘Alegra tu vivienda’, que suponía un 20% del parque de alquiler social municipal.
Se trata de más de 300 familias que, tras finalizar sus actuales contratos, pasarán a las viviendas públicas municipales, sin que se hayan tomado medidas que permitan aumentar el número de viviendas de alquiler social, lo que provocará “un grave aumento del plazo para acceder a una vivienda social municipal que ya de por sí es largo, con casi 9.000 personas en la lista de espera”.
Por estas razones, Zaragoza en Común ha exigido al gobierno de Azcón que active todas las medidas que estén en su mano para aumentar el parque público municipal de alquiler social, “a la altura de las exigencias de esta emergencia habitacional”.
Zaragoza en Común pide reactivar la vivienda pública municipal
En este sentido, Santisteve ha reiterado la necesidad de impulsar la construcción de vivienda pública municipal, con el desarrollo de las las 30 viviendas en Pignatelli, también en Alumalsa, y mediante la recuperación del proyecto de viviendas mixtas de Pontoneros. También ha solicitado, “de manera urgente”, la puesta en marcha un programa de captación de vivienda para el alquiler social, una fórmula que permitió ampliar el parque de vivienda público de manera rápida y que se ha puesto en marcha en otras ciudades y ha sido reconocida como una buena práctica.
Además, la formación ha vuelto a incidir en la necesidad de establecer acuerdos de colaboración en materia de vivienda con otras administraciones públicas. En concreto, con la recuperación y ampliación del convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para reforzar la Oficina Municipal de Vivienda. “Instamos al Ayuntamiento a que, cuanto antes, se siente a dialogar, porque la vivienda garantiza otros derechos como el derecho a la salud pública y comunitaria o los derechos de la infancia”, ha expresado Santisteve.